Dirigentes sindicales disidentes señalaron que los mismos que destruyeron la contratación colectiva en 2018, ahora pretenden asumirla cuando el parque industrial dejó de producir.

Dirigentes sindicales del sector aluminio afectos al chavismo entregaron un anteproyecto de contrato colectivo ante la Inspectoría del Trabajo el miércoles, en Puerto Ordaz, que pretende renovar el acuerdo que venció en octubre de 2019 y que, fue incumplido desde que el Ejecutivo nacional implementó la anulación de las tablas salariales a través del decreto 2792, en octubre de 2018.

El decreto de entonces unificó todos los tabuladores salariales, eliminando las tablas salariales contractuales y aplanando todos los salarios de la administración pública.

La dirigencia sindical del chavismo (en su mayoría de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, FBT), sin embargo, aspira con este nuevo contrato recuperar la movilidad del salario anclando su base al valor del petro, la criptomoneda creada por el gobierno de Nicolás Maduro y cuyo valor pretende imponerse como un tipo de cambio.

   
Henry Arias, dirigente de Sintralcasa, sostiene que con el anteproyecto los defensores de Nicolás Maduro quieren captar votos al estimar las aproximaciones de un proceso electoral a nivel nacional | Foto cortesía

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Aluminio (Sutralum) y coordinador estatal de Movimientos Sociales y Comunas PSUV, Pedro Perales, indicó que la finalidad es que el salario se actualice de acuerdo a los movimientos que tenga la moneda. Hasta ahora no tiene un aproximado de cuánto sería la base de cálculo del salario, pero comentó que las 148 cláusulas se discutirán en mesas de trabajo dentro de las empresas del sector.

Silvano Moreno, dirigente sindical de Bauxilum, espera que este salario oscile entre los 20 y 30 millones de bolívares, o su similar en petros, al menos en el primer escalón salarial de los empleados. Subrayó que, antes, debe discutirse estos acuerdos entre los trabajadores.

Perales invitó a su vez a los afiliados y sindicatos a participar en el desarrollo de este anteproyecto. “Nosotros vamos a hacer mesas de trabajo, debates abiertos”, dijo. Comentó a su vez que pretenden atender cinco necesidades básicas: alimentación, educación, salud, recreación y vivienda. Y que, por encima del beneficio de la póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) aspiran aplicar un plan de salud en el que se realicen exámenes de salud esporádicamente tanto a trabajadores como a familiares.

“Planteamos que en tres meses, por lo menos, tengamos listo el contrato colectivo”, señaló Perales. De acuerdo con el secretario general, el Gobierno nacional subsidiaria estos gastos mientras recuperan la producción de las plantas paralizadas.

El dirigente indicó que las 905 celdas que tiene Venalum están pasando por un proceso de adecuación y preparación para ser arrancadas. “Todo está listo para que nos metan energía -eléctrica- y arrancamos con fuerza la producción”. Sin embargo, la empresa trabaja hasta el momento con 8 celdas en el área solo de quinta línea, la más actual de las tres que tienen.

Intereses políticos

Fernando Serrano, dirigente sindical de Venalum, comentó que el anteproyecto de contrato colectivo no se aprobó en asamblea de trabajadores en cada una de las empresas del aluminio. “Es un anteproyecto politiquero para tratar de captar votos de realizarse unas elecciones”, dijo al afirmar señalando a su vez que el documento entregado ante la Inspectoría del Trabajo no busca lograr beneficios laborales.

La situación de los trabajadores del sector aluminio, a pesar de la nueva discusión, no tiene avistamientos de mejoras. “Hoy no se cumple ni la cláusula de agua potable en las empresas básicas, no hay transporte, no hay comedores, no hay beneficios, no hay ni HCM”, indicó Serrano.

Juan Carlos Moya, dirigente sindical de Alcasa, señaló que este anteproyecto es una falta de respeto hacia los trabajadores. “Los tipos vendieron a los trabajadores, los tipos entregaron los flujogramas de cálculos, los tipos entregaron las tablas salariales y también terminaron eliminando la convención colectiva”, dijo Henry Arias, secretario de reclamo y trabajo de Alcasa, al quedar sin seguros de HCM y seguros funerarios tanto familiares como trabajadores de la industria del aluminio.

Moya mencionó que esto ha traído como consecuencia mayores dificultades en la salud tanto de trabajadores como familiares. Por ejemplo, los trabajadores no saben cuánto cobran porque no les entregan el listín de pago. Comentó que recibir 1 millón 800 quincenal y no tener servicio de HCM ha llevado a que trabajadores como parientes pueden pasar hasta meses sin ser atendidos, o que mueran al no tener los recursos para ser recibidos en una clínica.

Arias manifestó que para esta nueva discusión del contrato colectivo lo primero que se debe reclamar es el cálculo de todos los pasivos laborales y beneficios que dejaron de percibir los trabajadores luego del decreto 2792. Indicó que se perdió lo establecido en las tablas salariales bajo complicidad de quienes hoy quieren establecer un nuevo contrato anclado al petro.

Sin embargo manifestó que igual de hacerse las pérdidas serían incalculables. “Lamentablemente no le podemos devolver la vida a tanta gente que ha muerto por no tener seguro HCM”, comentó Arias.

Serrano señaló que no hay un plan de recuperación para la empresa luego de quedar totalmente paralizada desde el apagón nacional del 7 de marzo, por tanto, no hay garantías para el suministro de materia prima y que el complejo 1 y 2 de las plantas de Venalum está totalmente deteriorado.

“Esto es una aberración política para tratar de contentar a los trabajadores luego de haber fragmentado los salarios”, señaló. Indicó, a su vez, que el contrato colectivo tiene que ser discutido en dólares, ya que es la moneda con la que más se comercializan los productos y servicios en el país. Por eso calcula que, para garantizar derechos de alimentación o salud, mínimo un obrero debería cobrar alrededor de los 500 dólares.

Arias manifestó que para cumplir con cualquier intento de discusión de trabajo colectivo y con salarios dignos primero se tiene que poner a producir la planta, sin embargo, no cree que bajo estas condiciones sea posible. “La producción no la vamos a levantar con esta gerencia de Alcasa, porque son corresponsables que la empresa esté en esas condiciones”, afirmó.

Alcasa tiene 396 celdas paralizadas y más de un año sin mantener ni siquiera una sola activa. El dirigente sindical de la pionera señaló que hasta que no haya un cambio de gobierno es imposible la reactivación del parque industrial.

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