Luego de 10 meses, y en la víspera de cumplirse un año del apagón nacional, apenas este jueves comenzó la audiencia preliminar de Otoniel Ramos, la cual ha sido 11 veces diferida.

Adelina Piña se angustió como muchos el 7 de marzo de 2019, cuando una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) dejó a oscuras a todo el país. Ese apagón, sin embargo, al cabo de unas semanas, sería el alegato utilizado por el Ejecutivo para detener a su esposo, ingeniero en sistema y analista de sistemas en la Gerencia de Automatización, Tecnología de la Información y Telecomunicación (ATIT) de Macagua, Otoniel Ramos, y con ello cambiarle la vida a toda su familia.

Ramos es un testigo extraordinario del deterioro de la industria eléctrica. Con más de 15 años laborando en el complejo Macagua, una de las represas del sistema eléctrico en el estado Bolívar, presenció cómo progresivamente les fueron quitando beneficios como el transporte, comedor, y finalmente la libertad.

No tenía nada que ver con la empresa desde hacía más de año y medio. Nunca tuvo que ver con el manejo del sistema Scada, que es el sistema que controla el Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela”. Adelina Piña       

El trabajador tenía aproximadamente año y medio sin asistir a la empresa debido a los bajos salarios y una especie de medida de contingencia aplicada por la estatal ante la incapacidad de garantizar beneficios. Junto a Ramos, otros 500 empleados estaban suspendidos. Por eso, junto a su familia, decidió montar su propio negocio de dulces para salir adelante, y era allí donde estaba el 7 de marzo de 2019.

Pero la tarde del 18 de abril efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron su casa en la que estaban sus tres hijos. Días antes, otro trabajador jubilado, Geovany Zambrano había sido detenido y posteriormente privado de libertad tras la acusación de asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje. La persecución obligó al exilio a varios dirigentes sindicales y empleados que venían denunciando el deterioro de la industria. Al menos 14 están detenidos, según las cifras de la Federación de Trabajadores Eléctricos de Venezuela. Pero para Ramos, eso era algo impensado, al no formar parte ni de grupos sindicales ni políticos. Ese día, el 18 de abril, los funcionarios cargaron con equipos electrónicos como computadoras y teléfonos celulares, y se lo llevaron apresado.

Adelina pensó que podría ser tan solo unas preguntas de la investigación pero le imputaron los cargos de daños al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), terrorismo y asociación para delinquir, y luego fue recluido en la sede del Dgcim en Boleíta Norte, Caracas.

Su estatus legal

Desde entonces todos los intentos de audiencia preliminar han sido suspendidas: 11 audiencias en total han sido diferidas, la número 12 comenzó finalmente este jueves pero no hubo una decisión final.

Stefania Migliorini, abogada del trabajador de Corpoelec, explicó que el Ministerio Público ha fundamentado su acusación en que “ellos se basan que el usuario de Otoniel cuando trabajaba en Corpoelec fue el responsable de haber hecho el ataque cibernético”, sin embargo las pruebas hasta ahora no han sido presentadas.

La representante de Foro Penal alegó que en el transcurso de los 45 días de investigación que tiene el Ministerio Público, luego que fue presentado Ramos, la defensa hizo diligencias para solicitar a Fiscalía las últimas fechas de entrada y salida de Ramos a la compañía, pero hasta ahora esta solicitud no ha sido respondida.

     
El ingeniero en sistema es uno de los 14 trabajadores detenidos del sector eléctrico a nivel nacional de acuerdo con el presidente de Fetraelec

“Fiscalía dice que en cuanto a las solicitudes que se hicieron que son realmente importantes para verificar la inocencia de Otoniel se le asignaron a un experto, pero el experto no ha hecho ningún tipo de investigación, no ha levantado ningún tipo de informe, hay muchas cosas que están vacías”, indicó Migliorini.

“Todavía a pesar que la audiencia preliminar no ha terminado, ya tenemos más o menos cómo va a ser la conclusión de esto, va a tener un pase a juicio y ya en juicio se va tener que desestimar todo esos delitos y absolver a Otoniel, porque en el juicio es donde realmente se va a determinar y se va a verificar y en el juicio se va poder esclarecer todo”.

Piña, la esposa de Ramos, asegura que no podrán comprobar nada, “no tenía nada que ver con la empresa desde hacía más de año y medio. Nunca tuvo que ver con el manejo del sistema Scada, que es el sistema que controla el Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela”, declaró.

El fiscal hasta ahora no ha presentado ni la primera prueba que relacione a Ramos con el hecho: “Me dice pruebas no hay, todavía no hemos podido comprobar nada, entonces ¿por qué lo siguen deteniendo? es una detención obviamente arbitraria sin haber hecho las investigaciones pertinentes, tú agarraste a una persona que es inocente y lo metiste en este centro de reclusión”, señaló.

Su esposa menciona que la mayoría de los diferimientos de las audiencias han sido por el no traslado de Otoniel a tribunales. “O no hay funcionarios, o no hay vehículo, o la boleta de traslado no llegó, esa siempre es la excusa”, comentó. En otras ocasiones señala que no fue el representante de Fiscalía y en una ocasión en particular no se presentó el procurador en representación del Estado.

Un caso político

Foro Penal por su parte registra el caso de Otoniel como una detención política y para Adelina el arresto de su esposo tiene otros intereses que escalan a personas de poder. “Todo pareciera, como es un caso emblemático, es un caso que tienen que buscar un motivo, un culpable de qué fue lo que sucedió con el sistema eléctrico nacional, bueno, vieron la mejor forma fue de acusar a un trabajador que inclusive había dedicado 18 años de su vida en atender y dar el mejor trabajo y servicio a esa empresa”.

Además de esto, el centro de reclusión no es el adecuado, el tiempo de detención en este centro no debe ser mayor a 48 horas, sin embargo, Ramos está por cumplir un año. “Ni siquiera puede salir al sol, ellos están en cuatro paredes o sea totalmente cerrado, donde no hay ni siquiera entrada de luz solar… a ellos los sacan dos días a la semana, unos 15 minutos cada día al patio”, indicó su esposa.

Luego de su proceso de adaptación de 30 días tras su llegada en abril, sus familiares lo han podido ver los domingos de 9:00 a 12:00 del mediodía. Piña comenta que es una carga de estrés grande en la movilización porque aparte del gasto de traslado, no tienen casa en Caracas.

10 meses, 16 días y contando

Estos 10 meses detenido han supuesto muchísimas cosas más. La madre de Otoniel Ramos murió en Maracay el 22 de septiembre, cinco meses después de ser trasladado a Caracas. “Ella cayó en una depresión muy fuerte y le dio un infarto… murió con la tristeza y con la esperanza de ver a su hijo nuevamente en libertad”, afirmó con pesar Adelina.

A pesar que han contado con el apoyo de familiares, amigos, vecinos y cuentan con su propio negocio que los ha ayudado a mantenerse tanto dentro de casa como en los viajes a Caracas, sus recursos han disminuido considerablemente. “Estoy vendiendo todo en mi casa, de hecho tuve que vender un vehículo”, señaló Piña.

 
A pesar que allegados y sociedad civil protestaron en la sede de Corpoelec durante los días posteriores a su arresto no hubo formas de ser liberados | Foto William Urdaneta | Archivo
 


En Corpoelec el miedo parece ser la constante. Según la esposa del trabajador, hay otros compañeros que quieren renunciar pero no se atreven: “el solo hecho de llevar una renuncia a su jefe o a Recursos Humanos puede ser simplemente elegido para investigarlo”.

“Mucho miedo. Hay temor, en ocasiones uno que otro me llama para saber cómo está, o mandar saludos, pero hasta ahí”, dijo. “Nadie ha levantado, por lo menos, una banderita o alguien ha alzado su voz para defender un trabajador que dedicó 18 años de su vida a esta empresa”, señaló con decepción.

En casa, también es una lucha constante por mantener el espíritu, especialmente por el crecimiento de sus hijas adolescentes sin su padre. “Las consigo con una crisis: que yo quiero ver a mi papá, por qué mi papá no está aquí, por qué no lo liberan, mi papá debería estar con nosotros como tiene que ser”, preguntan siempre sus hijas.

A un año del apagón Otoniel sigue esperando juicio, el tribunal indicó que se continuará con la audiencia preliminar el próximo miércoles 11 de marzo.

Falta de mantenimiento

Pero las condiciones laborales y persecución solo intentan encubrir la verdadera situación, indicó Ángel Navas, presidente de la Federación Venezolana de Trabajadores Eléctricos. “Más del 90% de la energía termoeléctrica a nivel nacional está inhabilitada”, dijo al explicar que el racionamiento de energía y la administración de carga programada en sectores del occidente y del centro del país se han generado por inestabilidad en el sistema.

“No se hicieron las reparaciones, no se hicieron los mantenimientos, no se hicieron las inversiones”, comentó.

La situación es parte del caldo de cultivo de la diáspora del talento humano, la desinversión, corrupción y politización. Navas calcula que unos 18 mil trabajadores se fueron de la industria, casi la mitad de todos los empleados a nivel nacional. “Hubo, prácticamente, una suspensión de las garantías de los derechos laborales a los trabajadores”, afirmó.

Transparencia Venezuela reportó que el Gobierno entre 2010 y 2014 firmó más de 40 proyectos eléctricos por un total de US$ 37.000 millones, con un sobreprecio estimado que superó los US$ 23.000 millones. Pese a la gran cantidad de dinero, no se logró superar la emergencia eléctrica pues 17 de las obras no se concluyeron, entre ellas la represa de Tocoma.

La ONG señala como incalculable los costos y la magnitud de la corrupción en los casi veinte años entre el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. “No tanto por la malversación de fondos públicos -cuyo monto pareciera remontarse a varias centenas de miles de millones de dólares- sino por la destrucción ocurrida en todas las áreas de la economía, por el costo que representa para la nación el no haber aprovechado los cuantiosos ingresos habidos para el desarrollo del sector eléctrico del país y el éxodo masivo de técnicos y profesionales en busca de mejores oportunidades de vida en otras naciones. Estos son costos incalculables que no se evidencian cuando se analizan de manera particular cada uno de los casos de corrupción”, señaló en su informe.

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