Tres sedes sindicales han sido arrebatadas por las gerencias de seguridad y Dgcim en las empresas básicas de Guayana. La del sindicato de la CVG es la tercera, después del sindicato de Ferrominera y Planta Casima

La sede principal del Sindicato Único Nacional de Empleados Público de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep-CVG) fue tomada el pasado 26 de febrero por la gerencia de la corporación. En la noche, las cerraduras fueron cambiadas y sustraída la computadora de la organización de su sede en Alta Vista, en Puerto Ordaz.

“Ninguna comunicación, ni verbal, ni escrita, ni nada, fue arbitraria, a lo bravo llegaron y quitaron cerraduras y quitaron el logo y pusieron el logo de ellos”, informó el secretario de organización de Sunep-CVG, Cecilio Pineda. Tan solo dejaron dicho a los vigilantes del edificio que estaba prohibida la entrada del comité ejecutivo del sindicato a la oficina.

Para Ramón Gómez, secretario general de Sunep-CVG, el desalojo solo pretende restarle poder al sindicato. “Un edificio que está prácticamente casi vacío y que tiene mucho espacio van a antojarse de ocupar un espacio que está destinado para las actividades sindicales”, señaló.

La oficina ubicada en planta baja servía para atención de 300 trabajadores de la sede de CVG. Ahora fue tomada por la Coordinación de Seguridad Patrimonial, donde -a su vez- trabajan funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El arrebato de la sede sindical es la tercera que ocurre en Guayana. Al Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera) y al sindicato de la antigua Sidetur, ahora Corporación Siderúrgica Nacional, en Planta Casima, también le fueron robadas sus sedes por funcionarios del Dgcim. “Aquellos sindicatos que no le son afectos inmediatamente optan por robarles la sede donde funcionan”, dijo Gómez, sin embargo, agregó “eso no hará que callemos nuestros voces”.

OIT enterada

Desde la Unión Nacional de Trabajadores Venezolanos se envió una carta a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunciando cada una de las violaciones. “Este accionar arbitrario de las autoridades de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) es un hecho público de violación de la autonomía sindical y libertad sindical como lo establece el Convenio 87”, suscriben en el documento.

En la denuncia se destaca la acción como un ataque sistemático por parte del presidente de CVG, Pedro Maldonado Marín, y se señala que han obligado ilegalmente la jubilación del secretario general del sindicato. De acuerdo al escrito, esta acción es contraria a los instrumentos legales en el país y en el convenio 87 de la OIT.

Gómez ha denunciado la persecución ante instancias internacionales ante la nula respuesta de los entes nacionales.

Un acto destructivo

El especialista en Relaciones Laborales y profesor de la Universidad de Carabobo, Héctor Lucena, expuso que esta serie de despojos sistemáticos solo buscan debilitar a la organización sindical a través del espacio donde sus dirigentes convergen. “Es como quitarle a un mendigo la plata que tiene en el sombrerito, es aprovecharse”, explicó.

El robo de las instalaciones no es un hecho cualquiera porque “es un espacio de encuentro, para discutir, conversar y producir acuerdos, quitar una sede sindical es un acto destructivo”.

De acuerdo con Lucena, no hay peor momento para el movimiento sindical. “Es retrógrado por la situación económica, empresas cerrando, despidiendo, que no pagan y por la situación política, no hay libertad sindical, no hay ambiente para la protesta, la protesta trae consigo consecuencias extremas, juicios militares, como persecución”, apuntó.

Este hecho se enmarca dentro de un patrón sistemático de persecución a la dirigencia. “Durante casi veinte años el Gobierno ha llevado adelante su programa político sin asegurar el respeto de la libertad sindical, incluida la autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, del diálogo social y de la consulta tripartita”, concluyó la Comisión de Encuesta de la OIT en su último informe de finales de 2019.

Allí mismo la comisión de la OIT constató la existencia en el país de un conjunto de prácticas que atentan contra las garantías y derechos establecidos en los convenios objeto de la queja, y 168 en las que, por acción u omisión, están implicados múltiples agentes estatales.

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