Dos empleados del Complejo Siderúrgico en Bolívar fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por tener un panfleto en sus oficinas, con la frase “salario digno”.

La persecución y hostigamiento a través de fuerzas militares se mantiene como política de terrorismo laboral en las empresas de Guayana. Una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) seguía hasta este jueves 6 de febrero en las instalaciones de Planta Casima, en el Complejo Siderúrgico Nacional, antigua Sidetur, como un acto intimidatorio contra empleados que ejercen el derecho a la protesta.

Al menos 150 trabajadores acudieron hasta la Defensoría del Pueblo y la Inspectoría del Trabajo, en Puerto Ordaz, para entregar un documento en el que exigen la intervención en la empresa por la serie de violaciones de derechos humanos y laborales.

Alejandro Álvarez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernac), denunció que existe un silencio cómplice en las instituciones, pues son dos años de acudir insistentemente para que atiendan sus reclamos.

“Un trabajador no puede comer con 280.000 bolívares semanales, cuando en Ciudad Guayana el kilo de carne cuesta 300.000 bolívares, el de pollo 250.000 y un kilo de queso 280.000. No hay comida en nuestros hogares y la empresa pretende que vayamos a trabajar sin alimentación (...) no podemos trabajar muertos de hambre a 1.600 grados de temperatura”, dijo Álvarez.

Para el dirigente sindical, este es el motivo del hostigamiento por parte de Dgcim. El pasado lunes 3 de febrero, Jesús Guevara y Edgar Torres, dos trabajadores de Planta Casima, fueron detenidos por al menos ocho horas, por tener en sus oficinas un panfleto con la frase salario digno.

“Se los llevaron por ocho horas, los amenazaron, hostigaron, y el Dgcim nos mandó un mensaje con estos trabajadores: que nos acordemos de Rubén González, que está preso, que no reclamemos porque nos van a meter presos”, alertó.

Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), lleva más de un año preso en un ala militar de la cárcel La Pica, en Monagas, cumpliendo una condena de cinco años y nueve meses de prisión. Su encarcelamiento se dio precisamente en el contexto de protestas laborales en Guayana, para exigir el cumplimiento de los contratos colectivos y tablas salariales.

Sin comida ni educación

El reclamo de los trabajadores no se trata simplemente de un aumento salarial, sino que sus ingresos permitan costear necesidades básicas en alimentación, salud y educación.

Álvarez comentó que hay empleados que han retirado a sus hijos de colegios privados al no poder costear las mensualidades.

Uno de ellos es Pedro González, quien se desempeña desde hace seis años como operador de grúa. Tiene tres hijos, dos de ellos en edad escolar, a quien tuvo que cambiarlos a una escuela pública, donde los maestros son escasos. Hasta diciembre, pagaba Bs. 250 mil de mensualidad.

El mayor llevaba seis meses estudiando una carrera técnica en el instituto La Salle, pero por gastos de comida y transporte paró los estudios. Los ingresos de González, en nómina diaria, van de Bs. 280 mil hasta casi un millón de bolívares, según los turnos. Es en esa semana de mayor ingreso cuando aprovecha para comprar algo de proteína.

“Hay una semana donde saco casi 300 mil bolívares, es la más crítica. Los gastos se van en dos o tres harina pan, un kilo de queso. No comemos proteína”, manifestó.

Nelson Echandía tiene seis años de servicio en Planta Casima, en el Departamento de Mantenimiento y Mecánica. Tiene un hijo en colegio privado, cuya mensualidad pasó de Bs. 300 a 800 mil, sin incluir el costo de transporte.

Esta semana su cobro será de apenas Bs. 250 mil y debe dos meses de mensualidad. “Las voy acumulando hasta sacar prestaciones, utilidades y vacaciones para poder pagar, porque con lo que gano compro un poquito de queso y huevo”.

Echandía es uno de los tantos empleados que asiste al trabajo sin comer. Hace unos 20 días acudió a servicio médico por baja tensión y mareo, a consecuencia de la falta de alimentación.

“A veces no desayuno ni llevo almuerzo porque no me da el salario. Después que salimos de planta, muchos nos dedicamos a otros oficios, yo hago trabajos de pintura, albañilería o me toca vender algo de la casa”, detalló.

Planta paralizada

Planta Casima está paralizada desde el 21 de diciembre del año pasado y por falta de oxígeno y nitrógeno, para poder operar. Cuando arrancaron el 27 de noviembre de 2019 lo hicieron bajo una restricción eléctrica que ordenó Corpoelec, para producir únicamente de 10:00 pm a 6:00 am. De lo contrario, podían afectar la electricidad de una zona de la ciudad.

Por ahora esperan que lleguen los gases para reiniciar las operaciones, en condiciones que el sindicato desconoce. El secretario general destacó también que están prestos a producir, más no en las condiciones paupérrimas a los que están sometidos.

La antigua Sidetur Planta Casima fue estatizada en 2010 y cambiada su nombre fiscal meses más tarde. Desde entonces, ha sido más el tiempo de paralización que en operaciones por múltiples factores, entre ellos la falta de materia prima, el recorte eléctrico y huelgas laborales por la no discusión del contrato colectivo.