Aumentan el hostigamiento y el robo de espacios contra sindicalistas de Sintraferrominera, mientras tanto, en las áreas de trabajo de la empresa entrenan con equipos militares para una supuesta ofensiva de la revolución.

Afiliados al Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera) denunciaron que el jueves pasado les llegó una orden de desalojo al comité ejecutivo de su sede sindical, en Ciudad Piar. El documento fue presentado por abogados de relaciones laborales y por una comisión de control de propiedades y protección industrial con la firma del gerente general de administración y finanzas, Bernardo Pérez.

En este documento ordenaron el desalojo de la institución sindical, tanto de las oficinas como del recinto en general, y catalogaron de antiguo al comité ejecutivo del sindicato de Sintraferrominera, liderado por el prisionero de consciencia Rubén González, bajo el argumento de que su proceso de renovación está vencido.

Orangel Herrera, secretario de prensa y propaganda del sindicato, manifestó que este periodo no ha sido renovado ya que el Tribunal Supremo de Justicia intervino en 2018 la institución, justo cuando harían las elecciones sindicales. Desde entonces el comité ejecutivo no ha podido renovarse. Se trata de una práctica que tiene como antecedente la también intervención del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) en Sidor.

Dewel Hernández, dirigente de Sintraferrominera, señaló esto como uno de los tantos atropellos por parte de la dirigencia de CVG Ferrominera Orinoco que desconoce la convención colectiva y ha arremetido tanto contra el secretario general, Rubén González, con más de un año detenido en la cárcel La Pica, como contra los beneficios contractuales.

Ya la sede sindical de Puerto Ordaz fue tomada a mediados de 2019 por la compañía. Esta sería la segunda sede que le quitarían al sindicato Sintraferrominera.

Degrain Marichales, jefe de reclamos de Sintraferrominera, manifestó que esto es parte del constante hostigamiento por parte del gobierno. “Desarticular a Sintraferrominera, desarticular a la organización sindical genuina que siempre ha funcionado en la empresa para ellos, por otro lado, beneficiar a un grupito progobierno”, dijo al subrayar que este desalojo a la sede sindical de Ciudad Piar tiene objetivos políticos de por medio.

Denunció que no les extraña que luego de la orden de desalojo se apoderen de estas oficinas de forma violenta con cuerpos de seguridad. Le preocupa que estén haciendo entrenamiento militares con artillería en el taller de vagones. Agregó que no tienen equipos de protección laboral, dotaciones, pero sí hay uniformes de milicia y fusiles.

Estas son tan solo una de las tantas medidas de presión contra la dirigencia sindical de Ferrominera. Abdul Hurtado, antiguo secretario de reclamo, ya lleva año y medio bajo arresto domiciliario. Además, Herrera denunció que junto a él se encuentran Alberto Pérez y Ruddy González con órdenes de captura por parte cuerpos de seguridad estadales.

Nicolás Maduro, el presidente de facto, que se ha hecho llamar de la clase obrera, sigue violando derechos sindicales, a pesar que la Organización Internacional del Trabajo, en octubre de 2019 constatara violaciones a la libertad sindical. Las presiones realizadas para principios de año no han cesado, al contrario, se ha generado un ambiente de presión y robo de espacios sindicales.

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