El hecho se da ante una demanda para la adopción de medidas cautelares, en una acción de protección exigida por un centenar de comunidades indígenas afectadas por la contaminación.

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Un tribunal de Ecuador tiene previsto dar sentencia el próximo martes sobre un vertido de crudo que contaminó en abril varias vías fluviales en la Amazonía. A dicho proceso legal le precederá el lunes un “tribunal ético popular”, formado por expertos en derechos humanos contra los que consideran responsables.

La sentencia se emitirá en la ciudad Francisco de Orellana, también conocida como Coca. El hecho se da ante una demanda para la adopción de medidas cautelares, en una acción de protección exigida por un centenar de comunidades indígenas afectadas por la contaminación.

Desastre evitable

Más de 15.000 barriles, según grupos indígenas, acabaron en los ríos de la región cuando 3 conductos de 2 oleoductos, que van desde la Amazonía en el oriente hasta la costa de Ecuador, se rompieron el 7 de abril. El motivo: un desplome de tierra en una región altamente sísmica y erosionada.

Un desastre que los afectados consideran que se podría haber evitado. Afirmaron en un comunicado que “el Ministerio del Ambiente y las operadoras (de los oleoductos) supieron con antelación del riesgo inminente del derrumbe que rompió la tubería, sin que haya evidencia sobre las acciones tomadas con esa información”.

“Tampoco hay evidencia del despliegue de medidas efectivas y oportunas para contener el avance del derrame ni para notificar a las comunidades río abajo sobre los peligros de la contaminación”. Así lo indicó una alianza de organizaciones indígenas y derechos humanos.

Responsables del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del poliducto Shushufindi-Quito, aseguraron que cerraron las tuberías tan pronto supieron de su rotura. El combustible derramado es básicamente la cantidad remanente desde las válvulas.

Asimismo, insistieron en que ofrecieron agua, alimentos y médicos a la población.

Además de las empresas OCP y Petroecuador, la demanda concierne a los Ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ambiente y Salud Pública.

Afectación generalizada

La demanda la presentó a finales de abril un grupo de organizaciones civiles y religiosas. Entre ellas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae) y los Vicariatos de Orellana. Luego, se sumaron un centenar de dirigentes de las comunidades afectadas.

Más allá de los peligros para la salud de decenas de miles de personas, sostienen que la contaminación del agua afecta a la pesca y chacras (huertos).

Durante el proceso, los demandantes afirmaron que se trataba del “peor desastre social y ambiental de los últimos 15 años”. Apelaron a la justicia porque “la misma evidencia de las instituciones demandadas muestra que ignoraron sistemáticamente las alertas que les habrían permitido evitar el derrame”. La asistencia ofrecida después fue simbólica.

La zona donde ocurrió el vertido es una región altamente sísmica por su proximidad al volcán Reventador. Allí, donde son frecuentes los corrimientos de tierra.

Además, el vertido se produjo menos de 2 meses después de que la vecina cascada de San Rafael, entonces la más alta del país, se desplomara y provocara un cambio en el flujo del agua. Ello incrementó la erosión a lo largo de varios kilómetros, poniendo en riesgo carreteras, puentes y otras infraestructuras.

Un problema de alcance mayor

Grupos ecologistas sostienen que esa creciente erosión regresiva es causada por la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida en 2016 en la misma zona. Dicha obra aligeró supuestamente la sedimentación y debilitó los cauces.

“No se sabe a ciencia a cierta, se están haciendo estudios. Tendríamos que analizar el impacto que tuvo el represamiento o este vertedero que tenemos (de la hidroeléctrica) a unos 12 ó 13 kilómetros antes de la cascada”, manifestó el geólogo Pablo Melo, representante de una empresa de monitoreo morfológico e hidrodinámico que presta servicios a OCP.

El experto considera que habría que analizar “qué impacto tiene en términos de sedimentos” la infraestructura de la represa.

Las graves amenazas de esta erosión llevaron al Gobierno a adoptar un plan de emergencia para instalar muros de contención y ampliar cauces, con el fin de frenar la velocidad del agua.

De una u otra forma, para las comunidades indígenas, el problema va mucho más allá, pues las autoridades nacionales llevan décadas desoyendo sus reclamaciones para que la Amazonía de Ecuador quede al margen del extractivismo y de las infraestructuras que afectan a la naturaleza y socavan su tradicional estilo de vida.

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