Correo del Caroní presenta su balance general tras cumplirse el primer aniversario de un hecho que conmocionó la opinión pública nacional.

El Estado ha obviado la necesidad de las víctimas de una ayuda psicológica y social para restablecer la normalidad en el sur de Bolívar, profundizando la desarticulación ciudadana hacia un cierre definitivo.

Domingo, 24 Abril 2016 00:00

Forajido es poco

Venezuela es el vivo caso de un Estado forajido debido al constante rechazo e incumplimiento de todas las decisiones por parte de los organismos internacionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de fecha 29 de agosto de 2002, relativa al Caso Caracazo vs Venezuela dictaminó que: ante los elementos que caracterizaron este caso (violaciones a los derechos humanos ocurridas en febrero y marzo de 1989) se reveló que los cuerpos armados y los organismos de seguridad del Estado venezolano no estaban preparados para afrontar este tipo de situaciones de perturbación del orden público.

El presidente de Radio Caracas Televisión y de empresas 1BC, Marcel Granier, rememoró en el programa Público & Confidencial Radio las batallas que ha librado desde el cierre del canal por el gobierno de Hugo Chávez.

Jueves, 10 Septiembre 2015 00:00

Ayotzinapa, CIDH y Venezuela

Si bien la GIEI sólo tiene mandato para trabajar sobre la desaparición de estudiantes ocurrida en México, instancias similares, promovidas por la CIDH, pudieran ser de gran ayuda para alcanzar justicia en otras situaciones. Por ejemplo las 43 personas que fallecieron en las manifestaciones en Venezuela en el año 2014, casos que en su mayoría continúan sin ser resueltos, una impunidad que, lamentablemente, el gobierno intenta capitalizar políticamente.

Es importante resaltar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo son utilizadas para instar a los Estados Parte a dar una correcta reparación a las víctimas, sino que en sí, fungen como precedentes para atender otros casos similares, para elaborar políticas adecuadas de prevención y reparación. En el caso de Néstor Uzcátegui, la sentencia marcó un hito de cómo deben realizarse las investigaciones y dar a conocer los vicios que estuvieron presentes en el caso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del año 2011, determinó que el Estado venezolano es responsable del asesinato por parte de agentes estatales de Benito Antonio, Narciso y Rigoberto Barrios y de incumplir su deber de garantizar y prevenir la privación de la vida de manera violenta de Luis Alberto Barrios, Oscar José Barrios, Wilmer José Flores Barrios y Juan José Barrios entre 1998 y 2011.

El máximo tribunal del país ignora la Constitución cuando establece que el “Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública”.

Abogado José Vicente Haro explica que la inhabilitación a dirigentes opositores es inconstitucional, ya que la Contraloría se extralimita en sus funciones.

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