Decenas de miles de venezolanos cruzan a diario las fronteras a Colombia y a Brasil. Cientos de miles han emigrado a Europa, Centro América y Sudamérica.

La Comisión Interamericana ha insistido desde 2003 el cierre de la cárcel por temor a que Washington siga cometiendo violaciones a los derechos humanos en esta prisión.

Nuevamente, y a pocos días de la denuncia de la CIDH sobre la ausencia de independencia de los poderes en Venezuela, Maduro encabezó el acto de inicio de este nuevo periodo del sistema de justicia. La sumisión es su norte.

Escasez de comida, fallas en la dotación de medicinas y una tozudez a prueba de realidades por parte de la dictadura han condenado a muchos venezolanos no solo al padecimiento de la crisis social, sino a la muerte. En un informe, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales desmenuza cada una de las penurias pata enfrentar, con el peso del argumento, cualquier respuesta del régimen.

El Estado reafirma su talante autoritario al reprimir la protesta legítima de Erika Palacios y Ronald Sevilla, las dos primeras víctimas del instrumento jurídico aprobado por la ilegítima asamblea nacional constituyente.

La observancia internacional sobre las violaciones de derechos humanos del régimen madurista se mantienen en el tapete. Esta vez fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que se pronunció por un caso que habla por muchos, el profesor Santiago Guevara, para el cual emitió una medida cautelar en la que pide al Estado venezolano ‘garantizar la vida e integridad personal’ ante su deteriorado estado de salud y sus condiciones de reclusión. El país y el mundo no olvida a los presos políticos.

Organizaciones de la sociedad civil formulan una serie de exigencias y recomendaciones ante el experto independiente, Alfred-Maurice de Zayas, cuya reciente visita al país compaginó con el actual discurso del gobierno de Maduro.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, manifestó su preocupación por las sanciones ‘totalmente draconianas y desproporcionadas’ que establece la ley para quienes incurran en expresiones contra el gobierno.

Representantes de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz denunciaron que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) representa la consolidación de una dictadura en el país, pues "busca afianzar su hegemonía política y profundizar todas las acciones que en los últimos años quebrantaron la institucionalidad democrática".

La ONG Aula Abierta Venezuela tendrá un derecho de palabra en la sesión que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay.

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