Sábado, 04 Marzo 2017 00:00

Diputado del PSUV admite que confrontaciones entre bandas mineras escapan del Estado

 
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Después de un año de la masacre de Tumeremo, reina el temor a pesar de las maniobras del Ejecutivo Después de un año de la masacre de Tumeremo, reina el temor a pesar de las maniobras del Ejecutivo Fotos William Urdaneta

El despliegue de la violencia minera parece imparable, a juzgar por los reportes de asesinatos y confrontaciones al sur de Bolívar. Sin embargo, el diputado al Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), Aldrin Torres, asegura que el despliegue militar en la entidad busca la “pacificación” de las zonas mineras.

Mientras el chavismo preparaba sus tributos para el tercer aniversario por el fallecimiento del expresidente Hugo Chávez Frías, algo más ocurría muy lejos de las calles de Caracas, al sur del país, donde la violencia es tan común como la minería ilegal: en la noche del cuarto día de marzo de 2016 el miedo comenzó a tocar las puertas de las familias en la población de Tumeremo, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, cuando 17 personas -la mayoría, mineros- no regresaron a sus casas.

Para el diputado al Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Aldrin Torres, las bandas armadas en pueblos mineros, responsables de numerosas muertes en el último año, no tienen relación con la minería ilícita que se practica en el sur. A su juicio, son fuerzas distintas que no llegan a tocarse. “Los grupos armados no son mineros”, considera.

  ComillasAMARILLASA las familias les digo que sigan contando con nosotros porque somos los únicos que les hemos tendido la mano en la pérdida de sus seres queridos”. Este es el mensaje del diputado estadal Aldrin Torres a los habitantes de Tumeremo.barra ama620  

Estos grupos armados, explica, son “delincuentes que perturban la paz de los pequeños mineros”. Está consciente de que el Estado tiene la obligación de combatirlos e, incluso, agrega -con seguridad- que las labores para desarmar y desalojar las zonas de conflicto iniciaron de forma exitosa en las áreas fronterizas de Bolívar, luego del revuelo que causó la masacre.

Hace un año, las voces del oficialismo también dijeron mucho. Entre contradicciones, señalamientos y acusaciones. Que si grupos paramilitares… que si campañas mediáticas… pero nada que le garantizara a las familias la búsqueda inmediata de los 17 desaparecidos. Y doce meses después de la masacre de Tumeremo, el Ejecutivo y las voces del oficialismo parecen repetir su discurso. Uno que no da consuelo a las pérdidas, en el que la palabra militar emerge como sinónimo de calma.

Torres ratifica que los militares se encargan de erradicar la violencia en las comunidades mineras porque “la acción militar está en las calles”.

Fuera de alcance

Pero, incluso, con la existencia militar en la que afinca su argumento (fuerza que, sentencia, existe en cada rincón de los pueblos más apartados), confiesa con vehemencia que: “las confrontaciones (entre bandas) se escapan de las manos del Estado”.

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La minería ilegal no ha frenado, tampoco los conflictos entre grupos armados
 

¿Se escaparán de las manos del Estado los 17 muertos tras la masacre del 4 de marzo del 2016? Desde el inicio, eso parece. Inclusive, si se parte de que el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, negó sin chistar el suceso mientras conocía que las familias y los habitantes de Tumeremo eran presas de la angustia.

En esos días de zozobra se les escapó de las manos que los habitantes salieran de sus casas enfurecidos, junto a madres, padres, hermanos y amigos preocupados por los desaparecidos. Y que, también, trancaran la entrada del pueblo por tres días hasta llamar la atención de todo el país.

“Hubo un presunto enfrentamiento entre bandas armadas (…) en el rastreo no se encontró nada en absoluto que pudiera determinar una situación como la que ellos (la oposición) están anunciando para aterrorizar a la población de Tumeremo”, dijo Rangel Gómez durante una entrevista -el 5 de marzo del 2016- en Venezolana de Televisión, cuando ni siquiera se había ordenado una búsqueda profunda de los desaparecidos.

 
 


Entonces, ¿qué ha pasado un año después de que se evidenciara ante el mundo la anarquía minera que se vive en el estado Bolívar? ¿Qué ha hecho el Ejecutivo con las familias que fueron víctimas de esta masacre?

“A las familias les digo que sigan contando con nosotros porque somos los únicos que les hemos tendido la mano en la pérdida de sus seres queridos”, expresa Torres a los familiares que aún esperan justicia, incluso, después de que en mayo del 2016 el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) abatiera a Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias el Topo, presunto autor de la masacre.

 

 

La ayuda que menciona Torres no se tradujo en el cese de la violencia minera o en que se hiciera justicia por los 17 asesinados. La ayuda fue, comenta, bolsas de comida, servicios de salud -aunque no especificó cuáles- y viviendas.

Seis meses después de la masacre de Tumeremo, las familias afectadas sintieron el vacío de las promesas que catalogaron como mentiras, pues los alimentos solo llegaron por dos meses. Alertaron que del Ejecutivo recibieron más promesas que acciones.

Violencia perenne

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Entretanto, en las calles de Tumeremo sigue vivo el temor a los grupos armados, a pesar de lo que asegura Torres en cuanto a seguridad. Los actos de violencia siguen siendo comunes al sur del estado Bolívar, donde el hampa se pelea territorios, riquezas y control.

La verdad la cuentan las calles, los muertos y el dolor latente de las familias. Un ejemplo de que la violencia minera sigue su camino por el estado Bolívar, se percibe en los tres hombres asesinados en El Callao esta semana. También, en el episodio sangriento que vivió Ciudad Guayana a finales de febrero, cuando tres personas fueron asesinadas en un sicariato vinculado a conflictos entre grupos armados en las minas.

Si el despliegue de la violencia continúa, ¿qué le asegura al resto de los habitantes de pueblos mineros que no se repetirá una nueva masacre? Torres afirma que el despliegue militar tiene cubierta esa parte porque “apoya a la pacificación de las zonas y se han reforzado las investigaciones”.

También ratifica que el Ejecutivo ha dado todo lo que tiene a su disposición para garantizar a las familias la seguridad, mediante patrullajes y operativos. “Este no es un Estado genocida, es un Estado defensor”, alega.

Ese Estado defensor fue el mismo que no pudo evitar un conflicto armado como el que ocurrió en Tumeremo hace doce meses. Fue el que permitió el descontrol de la minería ilegal, que ahora busca acentuar con un Arco Minero propenso a un desastre ecológico. Mientras tanto, las madres, los hermanos y los amigos mantienen el llanto por los 17 asesinados. Ellos aún piden justicia.

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