Sábado, 04 Marzo 2017 00:00

Indolencia hacia familiares delata a un Estado que busca borrar matanza de mineros

 
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Los sobrevivientes de Tumeremo se han resistido a la formación de grupos de víctimas por miedo a represalias Los sobrevivientes de Tumeremo se han resistido a la formación de grupos de víctimas por miedo a represalias Fotos William Urdaneta | Archivo

El Estado ha obviado la necesidad de las víctimas de una ayuda psicológica y social para restablecer la normalidad en el sur de Bolívar, profundizando la desarticulación ciudadana hacia un cierre definitivo.

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Familias de Tumeremo entierran a las víctimas de la masacre entre el desconsuelo y el horror

 

Silencioso. Solo así puede describirse el luto que guardan los familiares de los mineros asesinados en la masacre de Tumeremo a un año de su desaparición física. Bien sea por el dolor intrínseco o el miedo a represalias, quienes vivieron esta atrocidad de forma directa se niegan a hablar de lo que sucedió a principios de marzo del 2016, que poco a poco se va desdibujando de la esfera pública como miles de casos similares engavetados por las autoridades.

A pesar de ser un caso de relevancia nacional e internacional que evidenciaba la impunidad con la que bandas criminales actúan al sur de Bolívar, la omisión del Estado luego del revuelo inicial ha sido clave en un intento de enterrar su fracaso junto con los cadáveres de las víctimas. Los sobrevivientes sufren del olvido de las instituciones públicas, cargando con la zozobra y angustia de una realidad que solo se ha agravado.

La figura de la reparación integral, manejada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que es de carácter obligatorio ofrecer indemnización material o psicológica (según aplique) a la brevedad posible en casos de violación de derechos humanos, con el objetivo de minimizar las repercusiones traumáticas que estos puedan tener sobre las víctimas. Sin embargo, en Tumeremo, esto no es más que otras palabras en papel.

Una deuda del Estado

“Para un hecho tan grave como lo fue la masacre, que incluyó torturas, desapariciones forzadas y fosas clandestinas, las respuestas de las autoridades fue tardía (…) El acompañamiento psicológico oportuno debería darse en los dos primeros días posteriores al suceso para ayudar a los familiares y la comunidad a procesar las características y que puedan retomar su vida”, explica la psicóloga Claudia Carrillo, miembro del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic).

 

VIctimas1“La reparación de daños es una deuda que tiene el Estado con Tumeremo”

 

Para Carrillo, es importante destacar que las reparaciones monetarias son solo un aspecto de la indemnización, tal vez el menos importante. Los daños al proyecto de vida y las garantías de satisfacción y no repetición también forman parte del proceso de recuperación, que el Estado venezolano ha decidido omitir en reiteradas ocasiones, como se evidencia en el discurso oficial.

“La reparación no son solo indemnizaciones, es un concepto mucho más amplio que incluye también las disculpas públicas y el reconocimiento de los hechos (…) Es una deuda que tiene el Estado con los pobladores de Tumeremo, aunque las víctimas se resistan a estos procesos. Para ellos, sus familiares no tienen precio”.

Hacer memoriales y abrir espacios de reflexión para aliviar las emociones son algunas de las actividades recomendadas para vencer el choque del evento traumático, pero que se hacen imposibles dada la turbiedad del caso y el interés de las cúpulas de poder de mantener su complicidad con la violencia minera como un secreto a voces.

Un trabajo de alto riesgo

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 27: Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Artículo 45: Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas (…) Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley.

Artículo 51: Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.barra ama335

 

En situaciones en donde las respuestas del Estado no se apegan a los protocolos y la legislación, los defensores de derechos humanos son responsables de llamar la atención de la ciudadanía. En vista del número creciente de flagelos, las redes regionales de organizaciones no gubernamentales (ONG) y sus miembros han optado por la articulación para combatir la censura.

“La masacre de Tumeremo es un suceso de suma importancia. Desde el Caracazo no había sucedido un caso igual (…) Es una olla que se tapó, y en consecuencia, la gente prefiere quedarse callada por miedo. La situación de la zona es violenta y la comunidad está al maltrato de grupos que actúan al margen de la ley”, lamentó Mairis Balza, de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en el estado Bolívar.

La activista recuerda que lo que pasó en Tumeremo no es un hecho aislado, sino que refleja una situación país crítica. No obstante, realizar un seguimiento del caso se dificulta por la poca información oficial disponible y el riesgo que corren los individuos que se atreven a ir más allá de lo que se expone.

A pesar de la buena disposición de los defensores de derechos humanos, se ha hecho imposible consolidar un trabajo por las reservas de las víctimas a discutir su situación, propiciando la ruptura del tejido social por abrir las puertas a la impunidad. La posibilidad de avanzar satisfactoriamente se encuentra truncada por el instinto básico de preservación. Es mejor llevar el dolor por dentro, a costo de una indefensión permanente.

“El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de los activistas, consagrados en la Declaración de los defensores de Derechos Humanos, y de la comunidad, especialmente con el compromiso de la no repetición… ¿Pero qué tanto se ha hecho? No se observa compromiso”, recriminó Balza.

Procesos ralentizados

En su informe inicial respecto sobre la masacre, el Comité de Familiares y Víctimas del Caracazo (Cofavic) resalta la responsabilidad de las instituciones nacionales por los daños causados a las víctimas de este crimen, así como la ralentización y ausencia de procesos judiciales efectivos y conclusivos.

Las leyes internacionales que amparan a las víctimas disponen que el Estado debe asumir compromisos en un período que va de seis meses a un año después del siniestro. Venezuela, que ha demostrado su desdén hacia los órganos interamericanos que preservan los derechos universales, no solo no ha disminuido los índices de violencia, sino que carece de legislación doméstica para el tratamiento de víctimas, profundizando la desidia.

 

VIctimas2“El acompañamiento psicológico es importante, pero no es exclusivo. Debe ir de la mano con el acompañamiento jurídico”

 

“El acompañamiento psicológico es importante, pero no es exclusivo. Debe ir de la mano con el acompañamiento jurídico. Que los sobrevivientes suministren información es importante para el avance de las investigaciones y hacer un monitoreo que permita reducir eventos similares”, opina Carrillo, enfatizando la importancia del reconocimiento del caso por parte del Estado como primera instancia.

Balza concuerda con la necesidad imperante de una investigación veraz, pero añade que las implicaciones de funcionarios e instituciones es información comprometedora que ralentiza el camino hacia un veredicto determinante.  Los tuits del gobernador Francisco Rangel Gómez, en donde desestima la desaparición de los mineros, generaron repudio entre la población general, aumentado luego de la confirmación del Ministerio Público.

Después de un año, a pesar de la rectificación forzada, se evidencia que la línea de las autoridades regionales continúa apuntando al olvido. Sus seres queridos y la comunidad se resisten, aunque la mordaza diga, por ahora, que no es momento de hacer justicia.

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