Cuatro de los 12 fallecidos fueron identificados. Uno de ellos era solicitado desde noviembre de 2016 por homicidio. Aún hay ocho cadáveres que no han sido reconocidos luego de esta masacre que, según el diputado Américo De Grazia, ha desatado protestas de las familias porque niegan la tesis oficial del enfrentamiento. Mientras tanto, hay mutismo por parte del Gobierno y ningún interés del Ministerio Público por investigar este derramamiento de sangre vinculado a la extracción ilegal de oro.

El mayor general Carlos Osorio vuelve a su cargo como ministro para el Despacho a la Presidencia, en sustitución de Carmen Meléndez, también postulada como constituyentista. El diputado de la Asamblea Nacional y candidato a la Gobernación de Miranda, Héctor Rodríguez, es el jefe del comando de campaña.

El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Justo Noguera Pietri, fue enfático en asegurar que no habrá impunidad en el caso. Anunció que militarizarán áreas de Bauxilum. “Aquí no vamos a permitir ni la mexicanización ni la colombianización de cualquier acción, aquí no hay guapetones sino Estado”, aseveró.

Luego de enfrentamientos armados en comisarías de la Policía estadal, de que unos de sus uniformados estuvieran involucrados en tráfico de armas; y que otros de sus funcionarios se batieran a tiros con efectivos del Conas, la PEB fue intervenida.

Dirigentes del sector agrícola y ganadero aseguran que temen hacer denuncias ante los cuerpos de seguridad, pues piden pruebas y testigos y, finalmente, son delatados ante los delincuentes.

En entrevista a Correo del Caroní sobre la OLP, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reconoce que hay una dualidad sobre estos operativos: la necesidad de erradicar la violencia y la violación de derechos humanos en algunas de las incursiones. “Las incursiones solo han servido para robarnos, maltratarnos y dejarnos sin empleo”, comenta un minero.

El presidente insiste en pedir apoyo a los militares para derrotar la “guerra no convencional” en un acto de ascensos militares.

Algunos funcionarios de la GNB aseguran que no existe una coalición entre ellos y los grupos armados. Mantienen que su deber es ser garantes de la paz y el orden en todo el estado Bolívar.

“El presidente Chávez, nos dijo en su momento, ese oro se queda debajo de la tierra, por eso defiendo ese legado”, dijo ante la Asamblea Nacional, la exministra Ana Elisa Osorio, una de las demandantes.

Martes, 08 Marzo 2016 00:00

¿Ayotzinapa en Tumeremo?

Uno dice 5 días y no suena tanto tiempo, pero en realidad lo es y mucho si se mira la gravedad de lo ocurrido y el justificado escándalo. Cinco días tardó el gobierno en cambiar su línea de negar todo y estar ausente. Pero el escándalo era demasiado grande. Sobre todo por el coraje y perseverancia de los familiares y del pueblo de Tumeremo.

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