La asociación civil Defensa de Derechos Civiles acusó a los policías por “todos los elementos y condiciones para buscar el resultado, mediante una acción delictiva, de producir la muerte de estos jóvenes”.

La asociación civil Defensa por los Derechos Civiles exhorta al Ministerio Público a dar con el fondo de las municiones fabricadas por la industria militar para el control de manifestaciones.

La MUD contó, al menos, 247 heridos en la caminata que tenía como destino la Defensoría del Pueblo. El gobernador Henrique Capriles y su equipo de asistentes y de prensa fueron emboscados, mientras que al diputado Carlos Paparoni lo golpearon con el chorro de una ballena.

Luego de una semana en la que la represión fue la norma y los asesinatos en protestas plagaron las jornadas y desmembraron familias (algo que tocó de cerca a la familia bolivarense con el asesinato del joven udista Augusto Puga), la MUD alerta: los próximos días son definitorios. Actuar en consecuencia exige entender que el momento no es fugaz y que la calle es asunto diario. Pero es también tener en claro que acariciar las vías distintas al pacifismo y al respeto es servir en bandeja argumentos para desmeritar la legitimidad de estos reclamos. Así entra Venezuela en la octava semana de protestas: con una marcha hasta la Defensoría del Pueblo.

La asociación civil Defensa por los Derechos Civiles también solicitará al Ministerio Público investigar a la Guardia Nacional y a Antonio Benavides Torres por crímenes de lesa humanidad.

La Organización Mundial Contra La Tortura condena el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la aplicación de la jurisdicción militar a manifestantes durante protestas de oposición.

El Observatorio de Conflictividad Social, centrado en cifras oficiales y no oficiales, reporta 55 muertos y mil 208 protestas desde el 1 de abril.

La mayoría opositora acordó plantarse en frente de las pretensiones autoritarias de Nicolás Maduro y su tinglado militarista que ha detenido a casi dos mil personas en un mes de protesta.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denunció el uso desmedido de la fuerza y las irregularidades que se multiplicaron a raíz de la implementación del Plan Zamora.

Son más de 250 los venezolanos que están sometidos a los juicios amañados de los tribunales militares al servicio de la dictadura. Son 250 personas sobre quienes pesa el capricho de la inconstitucionalidad por el hecho de no simpatizar con las desmesuras autoritarias del heredero de Hugo Chávez. Ante eso, ha habido reacciones: desde la Embajada de Canadá hasta la OEA, pasando por las ONG venezolanas que resisten los embates del autoritarismo, se cuela el mensaje común: el desespero lleva al régimen a perder todo atisbo de cordura y de control. Al punto de que ya ni guarda las apariencias.

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