Indígenas de la comunidad San Luis de Morichal han denunciado el asesinato de al menos dos de sus hermanos pemones, a manos de grupos armados autodenominados “sindicatos”, dedicados a la minería ilegal al sur del estado Bolívar. Pueblos indígenas de Gran Sabana se solidarizaron con sus hermanos ante la creciente violencia minera que amenaza sus territorios que, en teoría, están protegidos por la Constitución nacional.

Cinco organizaciones se constituyeron recientemente para armar un bloque que permita vender el metal al Banco Central de Venezuela, además de obtener permisos para el manejo de efectivo, pues consideran que el comercio descontrolado del metal agudizó la escasez del papel moneda.

Con resultados muy reñidos, el CNE terminó por proclamar a Emilio González, abanderado por Independientes por el Progreso (IPP) como el alcalde electo en Gran Sabana.

En la mañana del miércoles, uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana llegaron al punto de la protesta para conocer los motivos que la originaron y mediar para que permitieran el paso de las máquinas del CNE para la elección de la Constituyente.

Directivos de las cámaras de comercio de Roscio, Sifontes y El Callao, junto a Biesur, pidieron reforzar la seguridad.

Usuarios de Santa Elena de Uairén (Gran Sabana) se quejan porque desde hace ocho días han denunciado la agudización del problema. La estatal no atiende sus quejas. Movistar es también parte de sus dolores de cabeza.

Para el caso fue designado un fiscal nacional que se trasladó este martes hasta Tumeremo, municipio Sifontes, y seguirá hasta el municipio Gran Sabana por lo sucedido.

Así como en Ciudad Guayana, en el sur del estado Bolívar, el fin de semana también fue violento: se reportaron tres homicidios.

El crimen ocurrió la madrugada del domingo en una posada ubicada en Las Claritas, al sur del estado Bolívar. La fémina recibió cuatro tiros.

Una avioneta Cessna cayó al río Aripichi poco después de despegar de la comunidad indígena La Escalera. El piloto quedó atrapado y falleció. 

 
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