Cinco organizaciones se constituyeron recientemente para armar un bloque que permita vender el metal al Banco Central de Venezuela, además de obtener permisos para el manejo de efectivo, pues consideran que el comercio descontrolado del metal agudizó la escasez del papel moneda.

Las operaciones de adquisición de oro se deberán convenir con proveedores que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias nacionales.

Mientras la resolución ministerial que obliga a vender todo el oro extraído del subsuelo venezolano al Banco Central de Venezuela no sea modificada, las compras-ventas de oro minero siguen siendo ilegales. Pero los pequeños comerciantes que ya se reunieron con el presidente del BCV, Ramón Lobo, sienten que hay voluntad del gobierno para ordenar la actividad e incluirlos.

Persiste el descontrol en las zonas auríferas. “El Arco Minero como tal no existe. Lo que se hizo fue subirle el volumen a la anarquía minera, respaldarla, para de allí llevar oro al Banco Central de Venezuela, un oro manchado de caos y sangre”, sostuvo un trabajador minero del sur de Bolívar.

El exdirector de la empresa, Jesús Guerra, alerta que el cierre inminente de la industria dejaría en el limbo a 4.500 trabajadores y sumiría en la “catástrofe” a los municipios del sur de Bolívar.

Trascendió que en el operativo se incautaron cuatro FAL, un fusil R-15, dos granadas, siete pistolas, tres revólveres y una escopeta. Todos los cadáveres presentan heridas por armas de fuego y aún no están identificados. Se trata de una nueva matanza que tiene su origen en la anarquía minera al sur del estado Bolívar por el control de los yacimientos, que hoy son reclamados por el Estado para el desarrollo del Arco Minero del Orinoco.

Las zonas estarán bajo la tutela de la Corporación Venezolana de Minería y la Empresa Nacional Aurífera, que recibieron el derecho a desarrollar las actividades primarias a través de un decreto presidencial.

La plataforma digital InfoAmazonia investigó el alcance social, político, económico y ecológico del Arco Minero del Orinoco. A partir de este lunes está disponible el reportaje, elaborado en alianza con el Centro Pulitzer y con Correo del Caroní. La iniciativa de esta alianza ocurrió a partir de la cobertura de la masacre de Tumeremo y la impunidad con la que se ha desarrollado el motor minero, encendido por Maduro para alargar su permanencia en Miraflores.

El accidente, en el que las víctimas murieron tapiadas dentro de una bulla, ocurre un día después de que el presidente Nicolás Maduro estuviera en Ciudad Guayana para declarar 23 áreas mineras del sur de Bolívar como zonas de uso, a propósito del Plan de Ordenamiento de Gestión Productiva de la Minería en Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro aprobó, durante una alocución desde el parque La Llovizna en Ciudad Guayana, permisos para iniciar trabajos mineros en 23 comunidades del estado Bolívar que cuentan con una extensión territorial de 3.409 kilómetros cuadrados, las cuales fueron decretadas como zonas de uso minero. Por otro lado, justificó el destierro del ex ministro Rafael Ramírez: “todo el que se convierta en corrupto es un traidor”.

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