Jueves, 16 Febrero 2017 00:00

En la GNB descartan que cabillas desviadas ilegalmente a Puerto Ordaz sean de Sidor

 
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La incautación ocurrió el pasado 11 de febrero La incautación ocurrió el pasado 11 de febrero Foto William Urdaneta/Archivo

Por el caso ningún organismo de seguridad ha ofrecido declaraciones, mientras que fuentes ligadas a la investigación aseguran que hay detenidos pero sus identidades no han sido dadas a conocer.

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) mantienen silencio sobre la incautación de 30 mil toneladas de cabillas para el tercer puente sobre el río Orinoco desviadas irregularmente para una ferretería en Puerto Ordaz.

El material fue retenido el pasado sábado en la tarde. Por el caso hay detenidos, pero la Policía científica no ha querido revelar su identidad. Para esta semana el Cicpc había invitado a una rueda de prensa para precisar detalles sobre la incautación, el traslado de oficiales policiales y de parte de la directiva de Sidor a Caicara del Orinoco, donde Odebrecht trabaja sobre el puente, pero el encuentro con los medios se canceló a la espera de la autorización del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol.

Fuentes en la GNB indicaron a Correo del Caroní que las averiguaciones plantean, ahor otra hipótesis. El Cicpc ya no está seguro de que las barras de acero hayan salido de Sidor, sino que fueron exportadas de México para la construcción del tercer puente sobre el río Orinoco.

Oficiales del Cicpc indicaron que el Estado pagó por las cabillas, por lo que la irregularidad se mantiene, pues fueron despachadas las cabillas a una ferretería en Puerto Ordaz. Tanto las dos gandolas en la que fueron trasladadas como las barras están incautadas.

Este jueves la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sostuvo una reunión en Brasil con el procurador general de dicho país, Rodrigo Janot, para abordar el caso de Odebrecht.

La empresa brasileña fue acusada por el Gobierno de Estado Unidos de otorgar sobornos a funcionarios de Latinoamérica para obtener contrataciones. La trasnacional reconoció que durante años pagó sobornos a funcionarios e intermediarios venezolanos por 98 millones de dólares.

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