Jueves, 22 Diciembre 2016 00:00

Junta interventora de Policía de Bolívar podrá suspender a funcionarios de forma inmediata

 
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La Policía de Bolívar no podrá adquirir armas ni municiones mientras dure la intervención La Policía de Bolívar no podrá adquirir armas ni municiones mientras dure la intervención

General Manuel Sánchez Sosa regresa a Bolívar como director encargado del cuerpo policial, intervenido por la participación de oficiales en los saqueos de Ciudad Bolívar.

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El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz ordenó iniciar el proceso de intervención del Cuerpo de Policía del estado Bolívar “por la presunta participación masiva y continuada de sus funcionarios en violación de los Derechos Humanos y en redes delictivas”, de acuerdo con la resolución publicada en la Gaceta Oficial N° 41.055 del lunes 19 de diciembre.

La medida fue ordenada tras la participación de funcionarios policiales en los saqueos de hace una semana en Ciudad Bolívar, y luego de irregularidades que involucran a uniformados del cuerpo policial.

El director general, en calidad de encargado, del cuerpo de policía será el general de brigada Manuel Antonio Sánchez Sosa. Como subdirector (e) fue nombrado Miguel Gerónimo Guerra; como Inspector para el Control de la Actuación Policial (e), Héctor Hildegarden Sánchez; como jefe de la Oficina de Investigación de las Desviaciones Policiales (e), Romer Montañez Román; y como jefe de Operaciones Policiales, Jhony Guzmán Toro.

La junta de intervención estará integrada por Carlos Enrique Martínez, Ildemar Soto, Dixon Cedeño, Ederson Barrios, Rooer Contreras y José Padilla, quienes estarán facultados para realizar auditoría a todo el personal de funcionarios adscritos al cuerpo policial.

Intervención

Entre las medidas, que se generan a partir de la intervención, queda prohibido a este cuerpo policial la adquisición de armas, municiones y equipamiento básico, durante el proceso de intervención. En caso de ser necesaria la dotación, la junta deberá realizar un informe dirigido al órgano rector exponiendo los motivos de la dotación.

Al igual que durante la intervención de la Policía de Heres en noviembre, tras el robo masivo de armas y municiones, la junta interventora de la Policía del estado Bolívar tendrá al menos 18 atribuciones, de acuerdo con el artículo 5. Entre las más importantes, destacan las siguientes:

-Designar y remover al personal de libre nombramiento y remoción, con excepción del director y demás directiva.

-Iniciar los procedimientos de reducción de personal, de conformidad con la normativa aplicable.

-Iniciar los procedimientos de suspensión inmediata de funcionarios policiales, así como de funcionarios de la administración pública pertenecientes al cuerpo policial.

 

BARRA5

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-Oficiar a los órganos jurisdiccionales en los casos donde existan suficientes elementos probatorios de convicción donde se evidencie la comisión de hechos irregulares.

-Prohibir al cuerpo de policía la prestación de los servicios, hasta que el órgano rector ordene el restablecimiento de los mismos.

-Colectar todas las armas y municiones del cuerpo policial para hacer un registro; así como solicitar informes de extravíos o robos de armas.

-Elaborar y ejecutar los planes de vigilancia y patrullaje.

-Activar el servicio de policía comunal.

Los artículos 8 y 9 coinciden en que se realizará una evaluación médica a los funcionarios y se ejecutará el plan de reentrenamiento policial.

La junta de intervención tendrá 90 días para llevar a cabo el proceso y deberá presentar al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, un informe donde se evidencien y soporten las acciones tomadas durante y después de la intervención.

Sánchez Sosa regresa a Bolívar

Desde septiembre de 2015, el general de brigada Manuel Sánchez Sosa era comandante de zona para el orden interno de la Guardia Nacional N° 13 (Falcón).

Sin embargo, al militar, no le es extraña Ciudad Bolívar, pues en 2011 fue coordinador del Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana (Dibise) en esta jurisdicción. También ocupó el cargo de comandante del Destacamento 81.

     

Diputado Luis Silva pide imputar al presidente Maduro por exponer a Bolívar a la devastación y saqueos

Luis Silva

El diputado Luis Silva (Unidad-Bolívar) introdujo este jueves un escrito ante el Ministerio Público contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, por haber expuesto a la entidad a la devastación y al saqueo, delitos tipificados en los artículos 293 y 296 el Código Penal, reseñó la Asamblea Nacional.

“Maduro es reo de los delitos tipificados en los artículos 293 y 296 del Código Penal respectivamente, donde se establece que el que haya ejecutado algún acto que tenga por objeto exponer alguna parte de la República a la devastación o al saqueo, será castigado con prisión de dieciocho meses a cinco años. Si la tentativa se efectuare, siquiera en parte, se impondrá la pena de presidio de cinco a nueve años”, explicó el parlamentario.

A juicio del diputado Silva, el presidente Maduro con sus acciones y sus declaraciones generó hechos de violencia que terminaron en saqueos “jamás conocidos en el estado Bolívar teniendo como escenario la destrucción total de toda la cadena de distribución de alimentos en ese estado y la posibilidad real de una hambruna general en la zona”.

Silva responsabilizó al Ejecutivo nacional de haber creado el caos en el estado Bolívar, pues a su juicio las personas que actuaron en esta entidad lo hicieron “bajo el efecto de la rabia y la frustración, que les dio al levantarse el viernes con sus billetes de 100 bolívares que no eran recibidos ni en los bancos ni en los comercios, mientras en su casa no había nada que comer”.

El también dirigente de Acción Democrática pidió que se le impute al presidente Maduro, el delito de usurpación de funciones, en virtud de que el artículo 318 de la Constitución establece que las políticas o competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela.

El diputado aseguró a su salida de la sede del Ministerio Público, que tanto el gobernador Francisco Rangel Gómez, como el alcalde del municipio Heres de esa entidad, Sergio Hernández, deben ser investigados, pues no hubo acciones contundentes para frenar los saqueos.

Anunció que acudirán a la Defensoría del Pueblo a solicitar que se declare la emergencia humanitaria en la zona afectada por los saqueos, para que puedan llegar los alimentos; así como la indemnización de todos los comerciantes y familiares de los fallecidos en el estado Bolívar. (Asamblea Nacional)

 
     
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