Jueves, 19 Febrero 2015 00:00

Indígenas en el Caura mantendrán retención de 10 militares hasta negociar envío de combustible

 
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La cuenca del Caura tiene cinco figuras jurídicas que la protegen, sin embargo desde 2006 ha sido profanada por la minería ilegal La cuenca del Caura tiene cinco figuras jurídicas que la protegen, sin embargo desde 2006 ha sido profanada por la minería ilegal Foto William Urdaneta / Archivo

La mediación este jueves de un coronel enviado desde Caicara del Orinoco al Caura fue infructuosa. Por segundo día consecutivo un coronel del Ejército y nueve militares están en manos de las comunidades indígenas en el municipio Sucre del estado Bolívar. El secuestro no sólo provino por la supuesta quema de dos casas de los nativos, sino también por las trabas que padecen para el suministro de combustible.

La mediación este jueves de un coronel enviado desde Caicara del Orinoco al Caura fue infructuosa. Por segundo día consecutivo un coronel del Ejército y nueve militares están en manos de las comunidades indígenas en el municipio Sucre del estado Bolívar. El secuestro no sólo provino por la supuesta quema de dos casas de los nativos, sino también por las trabas que padecen para el suministro de combustible.
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Indígenas de las comunidades del Alto Caura, en el municipio Sucre, mantienen retenido contra su voluntad al comandante del Ejército en Maripa, Gianfranco Giordani Leal y a nueve soldados, por presuntamente haber quemado dos casas en represalias por las denuncias que han hecho las organizaciones a su gestión, que impide -entre otras cosas- el suministro de combustible a las comunidades desde octubre de 2014.

Ramón Tomedes, presidente de la Fundación Medewadi, que se encarga de la defensa de los indígenas de la zona, informó este jueves que el secuestro del comandante se extenderá hasta tanto alguna autoridad nacional se presente en el lugar para atender las peticiones de las 44 comunidades afectadas por la ausencia de gasolina.

     
 


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A través de un comunicado la organización Kuyujani informa que rechaza la minería ilegal, y acusa a los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de ser parte del problema. “Los militares se han hecho cómplices de la minería ilegal aplicando vacunas para hacer llegar bienes y combustible a las zonas mineras”.

Malestar crescendo
Sobre los hechos de este miércoles, el documento reseña que “los indígenas del lugar mantienen retenidos al comandante y a nueve soldados produciéndose disparos que afortunadamente no causaron daños. En este momento (este jueves) el comandante Giordani Leal, así como los soldados se encuentran custodiados por los indígenas ye’kwana y sanema que allí viven. Sin embargo, al lugar están llegando masivamente los indígenas de la zona para sumarse a la protesta por el atropello cometido por los militares”.

Este jueves se presentó en la zona el comandante del puesto de Caicara del Orinoco, municipio Cedeño, al Salto Pará, pero su presencia fue rechazada porque “los indígenas no quieren entrevistarse con subalternos”. A la protesta se están sumando comunidades criollas del Bajo Caura, también cansadas de los atropellos castrenses.

La organización Kuyujani y Medewadi han enumerado las exigencias indígenas para la liberación de los militares y entre ellas figuran: “la presencia de altos representantes del gobierno, liderados por el vicepresidente Jorge Arreaza para dialogar, pues estamos cansados tanto de los atropellos de los militares, como de los mineros que están destruyendo los ecosistemas y el territorio, el retiro de los militares de Pie de Salto y del Salto Pará, y el desalojo minero en su totalidad”.

A estas tres se suman “respeto a las disposiciones de Pdvsa en materia de combustible, respeto a las comunidades indígenas del Caura y reconocimiento de nuestros derechos sobre los hábitats que ocupamos de manera ancestral y tradicional”.

     
 


Protesta recurrente

Esta no es la primera vez que indígenas en el estado Bolívar retienen a autoridades militares. El caso más sonado ocurrió en 2011 cuando pemones de Musukpa atraparon a una veintena de funcionarios explotando una mina de oro. El segundo caso emblemático de este tipo fue en febrero del 2013 en la comunidad de Urimán donde nuevamente la etnia pemón atrapó a castrenses a quienes acusaban de atropellos.

Pese a estas acciones precedentes las autoridades no han actuado para evitar que miembros de las FANB incurran en excesos y perjuicios en el control de la minería en las comunidades indígenas y criollas del territorio bolivarense. Las denuncias sobre el cobro de vacunas son una constante, sin que haya sanciones para los señalados.

 
     
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