El primer informe del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales del estado Bolívar lanza cifras que alertan sobre abusos de poder por parte de funcionarios del Estado.

Enfrentamientos, manifestaciones, intentos de robo, resistencia de víctimas a ser despojadas de sus pertenencias, persecución, entre otros, son los móviles que arropan a 12 víctimas que el Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales del estado Bolívar (OEE) reflejó en su primer informe.

El municipio Caroní registró 9 casos de ejecuciones extrajudiciales, 4 en San Félix y 5 en Puerto Ordaz, así lo explica el informe del OEE, en manos de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), entre los meses de abril y agosto. El mismo insta a los órganos estatales competentes, tanto nacionales como regionales, a que se realicen las debidas investigaciones.

“Los gobiernos también deben prohibir a los funcionarios superiores o autoridades públicas que autoricen o inciten a realizar cualquier ajusticiamiento”, cita el informe y a la vez recomienda al Estado “que permita que los referidos hechos puedan aclararse de manera independiente, inmediata y conclusiva, conforme al debido proceso, y que conlleve a la determinación de responsabilidades, con perspectiva de violación de derechos humanos”.

Codehciu ve con preocupación estos casos ocurridos en Bolívar. 9 de las víctimas fueron asesinadas por armas de fuego, presuntamente por funcionarios, mientras que 3 personas fallecieron por problemas de salud mientras contaban con la condición de privado de libertad; muertes que resultan sospechosas o potencialmente ilícitas, según reclama la ONG.

Negligencia

En agosto el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) abatió a 3 hombres en la urbanización Ventuari, con el móvil de enfrentamiento. La información recolectada en el informe OEE, que data del día 11, relata que los detectives contra homicidios buscaban a los presuntos delincuentes desde hace varios meses por robo. Se les dio muerte con arma de fuego.

Asimismo, en El Callao, José Martínez fue abatido por militares. Un familiar de la víctima contó que el joven opuso resistencia a los funcionarios al ser despojado de sus pertenencias. “Lo desnudaron y lo mataron”, así cita el informe al padre del hombre de 26 años, “sin dejar de resaltar que estos mismos allanaron de forma ilegal la vivienda”. En este municipio hubo 3 víctimas de presunta ejecución extrajudicial entre abril y agosto.

Y así los casos, llenos de negligencia e impunidad, suman cifras de alarma.

Mientras que en Caroní hubo 9, El Callao tuvo 3 presuntas víctimas por ejecución extrajudicial. Noel Gil, de 28 años, fue uno de estos, abatido por el Ejército en una presunta balacera. En agosto un hombre sin identificar fue presuntamente asesinado en enfrentamiento con las mismas fuerzas del Estado.

En total, se estima que 12 personas fueron asesinadas por funcionarios del Estado entre abril y agosto. De ese número, 3 ciudadanos murieron por falta de atención médica apropiada y uno de ellos fue Luis Miguel Williams Agüero.

De 22 años, Williams tenía casi un mes cautivo en los calabozos del Cicpc, Subdelegación Ciudad Guayana, por delito de homicidio. Otro fue Álvaro Bruces Méndez, que en julio murió por paludismo y una infección respiratoria, condiciones que empeoraron mientras estaba privado de libertad en la misma sede por el delito de violación.

Antonio Villalba, de 40 años, corrió con una suerte similar. Su caso también fue registrado en Ciudad Guayana, en los calabozos del Cicpc en Guaiparo, donde se le omitió la atención médica oportuna mientras padecía quebrantos de salud.

En 5 ocasiones de los casos documentados actuó el Cicpc; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en 1, y la Policía del estado Bolívar (PEB) en 3.

Un estado inoperante

La cifras de asesinados, en supuestos procedimientos extrajudiciales, por mes expresan que abril tuvo 1 víctima, julio 5 y agosto 6. En el 100 por ciento de los casos, los abatidos fueron hombres de edades entre 12 y 40 años.

El OEE advierte sobre la inoperancia del Estado y lo exhorta a cumplir con sus responsabilidades: según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades”. En ningún momento podrán los funcionarios policiales juzgar a los imputados y mucho menos ejecutarlos por su propia mano.

También se apoya en la importancia en el derecho a la vida: “que es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos (…) Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales”.

La ejecución extrajudicial, que es una violación de múltiples derechos humanos, vulnera la vida y el acceso a la justicia. El Protocolo de Minnesota, en su artículo 8, expresa que “la protección del derecho a la vida supone prevenir la privación arbitraria de la vida, en particular mediante un marco apropiado de leyes, normativas, precauciones y procedimientos”.

Este monitoreo, efectuado por Codehciu, lanza una alerta en un país donde la negligencia, el descontrol de las autoridades y el abuso de poder son una realidad palpable, y vulneran la democracia con la calidad de vida ciudadana. (Prensa Codehciu)

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