La audiencia preliminar por el femicidio de la adolescente de 16 años fue diferida para el próximo 18 de julio.

El Tribunal Cuarto de Control en materia de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas acordó recluir a los siete imputados por el femicidio de la adolescente Ángela Aguirre en la cárcel El Rodeo II, en el caso de los cinco hombres, y a las dos mujeres en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ambos en el estado Miranda.

Este miércoles, 3 de julio, se esperaba la audiencia preliminar de los siete imputados, en la que se decidiría si el caso pasaba a juicio o habría sobreseimiento. Sin embargo, fue diferida para el próximo 18 de julio, a solicitud de los nuevos abogados de los detenidos, alegando tiempo para conocer la causa.

Los nuevos sitios de reclusión fueron acordados a solicitud de la defensa de la familia Aguirre, quien pidió que los imputados permanezcan en Caracas, luego que se incumpliera la decisión del tribunal en Bolívar, que había determinado que Dayana Nicieza, de 28 años, y Joselyn Barreto, de 18, debían ser encarceladas en el Centro de Coordinación Policial de Vizcaíno en San Félix, y permanecieron en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

En el caso de José Alberto Cedeño, José Zorrilla, Glauber Zorrilla, Orlando Salazar y Wilmer Díaz, serían enviados a la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, pero su defensa alegó la alta peligrosidad de este internado judicial, y fueron recluidos en el Cicpc.

Las irregularidades en el caso de Ángela Aguirre terminaron por radicar la causa y pasar a un tribunal en Caracas, por decisión de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

La sentencia mantiene la medida de privativa de libertad contra Joselyn Barreto, Dayana Nicieza, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Glauber Zorrilla, José Zorrilla, imputados por la presunta comisión de los delitos de cómplices necesarios en el delito de femicidio agravado, delito que se suma a las imputaciones hechas a José Cedeño.

La opacidad en el caso de Ángela

Desde el hallazgo del cuerpo de Ángela en aguas del río Caroní, el pasado 26 de marzo, tras su desaparición ocurrida la noche del 23 de ese mes, el caso ha estado lleno de irregularidades.

Durante las pesquisas realizadas por el Cicpc también se designó a una comisión especial de la División de Homicidios de Caracas, dirigida por Douglas Rico. La primera autopsia que llevó esta institución determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por inmersión, lesiones en partes íntimas y hematomas en varias zonas del cuerpo.

Rico descartó que estas lesiones fuesen producto de agentes externos en el río, y aseguró que el examen forense pudo determinar que fueron provocadas por una persona.

Sin embargo, de parte de Fiscalía también se asignaron fiscales con competencia nacional. Entonces vino una segunda autopsia que contradijo la ya realizada, y la cual favorecía a los siete apresados, quienes estuvieron esa noche con Ángela en la isla La Terecaya, cuando zarparon desde la marina del Centro Ítalo de Puerto Ordaz en la lancha La Kaki.

Denuncias de presuntos sobornos y la intención de liberar a los arrestados, presentados después de cuatro diferimientos, llevaron a que la parte querellante recusara a la fiscal Emily Hernández, quien había solicitado la declinación de competencia del tribunal en materia de violencia de género y pasarlo a uno de control, el cual también se declaró incompetente. Esto pasó al TSJ, el cual decidió que la causa la llevara el Tribunal del Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer.

La audiencia de presentación se realizó justo días antes en que se filtrara un audio atribuido a Ángela Aguirre, en el que se escuchaba llorando y acusaba a José Cedeño de haberla abusado sexualmente.

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