Viernes, 06 Septiembre 2013 01:09

Fiscalía solicita enjuiciamiento de empresario por el caso FMO

 
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Representantes del Ministerio Público ratificaron los cargos contra Yamal Mustafá (contratista de la Gobernación del estado Bolívar y presidente del diario Primicia) ante el Tribunal 9º de Control del área metropolitana de Caracas, el cual procesa la causa por presunta corrupción en CVG Ferrominera Orinoco (FMO) durante la gestión del ex presidente de la empresa, Radwan Sabbagh.

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El empresario Yamal Mustafá y los tres ex gerentes de Ferrominera Orinoco, acusados de presunta corrupción, esperarán la audiencia preliminar bajo prisión.

En la presentación de los actos conclusivos este miércoles, el Ministerio Público reiteró su acusación ante el Tribunal 9º de Control del área metropolitana de Caracas y pidió que se mantenga la privativa de libertad para los acusados en la Dirección General de Contrainteligencia Militar ubicada en Boleíta Norte, municipio Sucre del estado Miranda.

Las fiscales 56º y 57º nacional, Milvira Caraballo y Paula Ziri-Castro, respectivamente, acusaron a María Acosta (exgerente de Finanzas) y María Rodríguez (exgerente general de Administración y Finanzas) por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, malversación agravada y asociación para delinquir.

Al exconsultor Jurídico de Ferrominera, Noel Ramírez, lo acusan de ser presunto cómplice necesario en el delito de peculado doloso y asociación para delinquir.

En el caso del contratista de la Gobernación del estado Bolívar y presidente del diario Primicia, Yamal Mustafá, los fiscales lo vinculan por ser presuntamente cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir durante la gestión del expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh.

Los delitos se encuentran previstos y sancionados en las leyes Contra la Corrupción, y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En la audiencia de presentación ante el Tribunal 5º de Control de Puerto Ordaz, el pasado 21 de julio, se acordó la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes, así como la inmovilización de las cuentas bancarias de estas cuatro personas.

Conmoción nacional
Mustafá y los tres exdirectivos fueron detenidos entre el 18 y 19 de julio, y presentados en los tribunales del Puerto Ordaz el sábado 20 del mismo mes.

El 1 de agosto la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Paúl Aponte Rueda, aceptó la solicitud planteada por los fiscales nacionales auxiliares 56 y 57, Frank Bolívar y Laura Romano, respectivamente, de radicar el expediente N° FP12-P-2013-1923 en Caracas.

Atendiendo a esa solicitud el pasado 24 de agosto los acusados fueron trasladados a la capital, según los alegatos de la fiscalía, para evitar que la posible influencia de los involucrados perjudicara el desarrollo del proceso.

Ahora, en un tiempo no menor de 20 días deberá darse la audiencia preliminar donde el juez determinará si las pruebas presentadas por el Ministerio Público cumplen con los principios de útiles, legales y pertinentes para ir a juicio.

En esa audiencia el juez puede desestimar las pruebas o admitirlas dando con ello inicio al juicio oral; cinco días antes de la preliminar la defensa también podrá presentar sus pruebas ante el juez de control.

Por delitos similares también está detenido el expresidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares, cuando era presidente de la referida empresa ferrominera.

A quien presidió la estatal por seis años se le acusa de la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.

De acuerdo a la comunicación del Ministerio Público, hasta la fecha la investigación -de manera preliminar- ha arrojado que producto de las alianzas comerciales suscritas con empresas internacionales por Sabbagh, se habría producido una afectación económica a las arcas de la empresa básica.

Sobornos

Además de la desviación de la partida presupuestaria en CVG Ferrominera, el Ministerio Público tiene un expediente abierto por el pago de sobornos al coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Miliar (DGCIM), Álvarez Dionisi, quien llegó a Guayana a investigar el tráfico de cabillas e irregularidades en las empresas básicas.

Yamal Mustafá, propietario de Corpobrica, Credilab y el diario Primicia, entre otras empresas, es -junto a Sabbagh- uno de los tantos entrevistados por la DGCIM en el expediente Nº 47C-16.156-13 en calidad de presunta víctima de extorsión por parte de “El Tiburón”.

Otros empresarios, como el propietario de Corinsur y su sobrino Manuel Mustafá, también fueron citados a declarar.

A través de las cuentas del empresario se movilizaron 4 millones de dólares y 2 millones de bolívares a las cuentas del coronel en el exterior, todo esto bajo la presunta amenaza de hacer un escándalo “similar” al del caso de las cabillas en Guayana.

Por el caso de extorsión, además de Álvarez Dionisi, está preso el joven Carlos Vieira, propietario de Viherca (cliente de Ferrominera), acusado de ser cómplice del funcionario de la DIM.

Mustafá dijo a la DIM que decidió colaborar con sus cuentas para proteger a su sobrino, Manuel Mustafá, cuyas empresas intermediarias revenden mineral de hierro en el mercado internacional.

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