La CPI inició una serie de exámenes preliminares para determinar las responsabilidades del régimen y de sus funcionarios en los saldos rojos que dejaron las protestas de 2017, reprimidas con bestialidad durante un lapso de cuatro meses. La comunidad internacional y las voces democráticas venezolanas aplaudieron la medida que supone un primer paso para la eventual consecución de justicia y a partir de responsabilidades individuales, algo que difícilmente se logre con la justicia secuestrada por el chavismo.

Aristeguieta Gramcko, abogado y político de 85 años, quien formó parte de la Junta Patriótica de Gobierno de 1958 (movimiento contra el dictador Marcos Pérez Jiménez) fue detenido arbitrariamente por el SEBIB, en la madrugada de este viernes. "Aquí no hay ética, ni un gesto de respeto hacia el adversario, al que asumen como enemigo", nos dijo Aristeguieta en una entrevista en 2016, cuando estuvo de visita en Ciudad Guayana.

“Votar no es sinónimo de elegir”, señala el Centro de DD HH de la UCAB al fijar posición sobre la convocatoria de elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año por parte de la asamblea nacional constituyente.

Así como en otras oportunidades, el régimen afirma que ‘falta poco’, pero la verdad es que los términos de los comicios presidenciales no están definidos. Y la comunidad internacional ha sido clara: condiciones mínimas, si no, no avalarán las elecciones.

El partido Podemos justifica que sea la ANC la que imponga cuándo serán las presidenciales en Venezuela, luego que siete funcionarios del Gobierno hayan sido sancionados por la Unión Europea por estar involucrados en represiones y violaciones de derechos humanos.

Miembros de la sociedad civil realizaron una concentración simbólica con motivo del 23 de enero y en honor a los caídos en la Masacre de El Junquito. Aprovecharon para manifestar contra el régimen y exigir respeto a sus derechos humanos y constitucionales.

Primero fue la delación para confirmar la masacre. Luego, la de las autopsias. Y, ahora, una vez que todo el país confirmó, mediante las actas de defunción, que a Oscar Pérez y a su grupo aliado los ejecutaron con tiros de gracia, las familias permanecen a la expectativa por un temor: que los cuerpos sean incinerados para desaparecer evidencias. Cierra así una semana marcada por los atropellos de un régimen que afinca su saña contra todo vestigio de derechos humanos.

El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y las turbiedades del caso no solo desnudan la flagrante violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, sino que ratifica su desprecio por la disidencia e implementa de facto la pena de muerte. Por ello la ONG Cofavic exige una investigación independiente del caso mientras la Asamblea Nacional se compromete a descubrir la verdad.

Irregularidades rodearon el operativo de captura contra el ex inspector del Cicpc Oscar Pérez y sus compañeros, el cual terminó con su ejecución extrajudicial, la muerte de dos funcionarios de las FAES y otros siete resultaron heridos. El ministro de Interior, Néstor Reverol, confirmó este martes, 24 horas después del hecho, el asesinato del piloto omitiendo los nexos del régimen con grupos paramilitares para realizar operativos especiales.

Miércoles, 03 Enero 2018 00:00

El 2018...

El 2018 no está condenado a ser el año más trágico de la trayectoria venezolana de los tiempos relativamente modernos, en la medida que surja la opción realista de un cambio efectivo. Si ello aconteciese, si ello abriera caminos, así fueran incipientes, para empezar a reconstruir a Venezuela, desde sus propios cimientos, entonces el 2018 podría pasar a los anales como un año positivo.

Página 5 de 37