Jueves, 12 Febrero 2015 00:00

Cientos de víctimas de violaciones de derechos humanos esperan justicia

 
Un joven observa con atención cientos de casquillos de balas en la ciudad de Táchira, cuna de las protestas del año pasado Un joven observa con atención cientos de casquillos de balas en la ciudad de Táchira, cuna de las protestas del año pasado Fotos Manaure Quintero
     
 

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El informe, Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas, documenta denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en el contexto de las masivas manifestaciones que tuvieron lugar desde comienzos de febrero

 
     

Un año después de que Bassil Dacosta, Juan Montoya y Roberto Redman perdieran la vida en Caracas durante las protestas que conmocionaron Venezuela a principios de 2014, nadie ha comparecido ante la justicia para responder de sus muertes.

El Ministerio Público afirma que Bassil Dacosta murió al recibir un disparo efectuado por agentes de la policía de inteligencia y ha presentado cargos contra un agente de este cuerpo, que permanece detenido en espera de juicio. Juan Montoya y Roberto Redman, murieron al parecer a manos de civiles armados que continúan en libertad.

Durante los seis meses de manifestaciones multitudinarias que se celebraron a favor y en contra del gobierno entre febrero y julio de 2014, otras 40 personas perdieron la vida, entre ellas ocho agentes de las fuerzas de seguridad, y casi 900, incluidos al menos 250 policías, resultaron heridas.

Cientos de personas sufrieron violaciones a los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad, que emplearon fuerza excesiva, golpearon a manifestantes para dispersarlos y torturaron o infligieron otros malos tratos a personas bajo custodia.

El 19 de marzo, Gloria Tobón y otras 21 personas fueron detenidas en Rubio (Táchira) durante una operación militar y policial. Mientras permanecían esposadas para extraerles los nombres de los convocantes de las protestas, recibieron patadas y descargas eléctricas y fueron golpeadas y amenazadas de muerte y con violencia sexual.

Según cifras oficiales, más de 3.351 personas fueron detenidas en ese periodo. La mayoría de ellas quedaron en libertad sin cargos, mientras que más de 507 fueron puestas en libertad condicional con cargos por delitos como bloqueo de vías públicas, provocar incendios, causar lesiones, dañar bienes públicos o asociarse con fines delictivos. Al día de hoy, 29 personas permanecen detenidas en espera de juicio.

Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, está detenido desde el 18 de febrero por cargos de incendio y daños y por incitación a delinquir, entre otros delitos. Rosmit Mantilla, integrante de Voluntad Popular y activista por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales detenido el 2 de mayo, y el abogado Marcelo Crovato, detenido el 22 de abril, han sido acusados formalmente de incitación y asociación para delinquir, entre otros delitos. Amnistía Internacional considera que su detención tiene motivaciones políticas, por lo que pide su liberación, y teme que las otras personas que continúan detenidas por cargos relacionados con las protestas, también estén recluidas arbitrariamente.

Impunidad
Hasta la fecha se han presentado cargos contra 14 agentes de las fuerzas de seguridad por la muerte de Bassil Dacosta y por cinco casos de malos tratos. No obstante, ninguno ha sido declarado culpable. Los casos de Bassil Dacosta y de otras personas que murieron el año pasado a manos de las fuerzas de seguridad claman justicia, y los responsables de la tortura que sufrió Gloria Tobón y de los malos tratos infligidos a centenares de personas también deben ser llevados ante los tribunales.

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AI denunció en 2014 que cientos de personas sufrieron violaciones a los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad

Al igual que Juan Montoya y Roberto Redman, Guillermo Sánchez murió en marzo tras recibir una paliza y un disparo de civiles armados progubernamentales en La Isabelica (Valencia). Su esposa, Gina Rodríguez, y sus dos hijos, que se vieron obligados a refugiarse en México después de recibir amenazas de muerte, todavía están esperando a que se haga justicia. Las autoridades deben tomar medidas firmes para desarmar a estos grupos y obligarlos a rendir cuentas.

Hoy hace un año, miles de personas salieron a protestar contra las políticas del gobierno y ejercieron su derecho de reunión pacífica. La situación se deterioró rápidamente y los enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales se saldaron con miles de detenidos, centenares de heridos y decenas de muertos.

Las autoridades venezolanas deben hacer justicia para reparar estas graves violaciones de derechos humanos, y afirmar de forma inequívoca, que las personas son libres de expresar sus opiniones, aunque sean críticas al gobierno, sin temor a perder la vida o la libertad. Es vital que las fuerzas de seguridad reciban órdenes claras del ejecutivo de que las protestas están permitidas y que la fuerza sólo puede emplearse cuando sea estrictamente necesaria y nunca contra manifestantes pacíficos.

Modificado por última vez en Jueves, 12 Febrero 2015 01:37

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