Los diputados Francisco Sucre, Rachid Yasbek y José Ricardo Salazar exigen la investigación de las represiones en las marchas opositoras, así como la privativa de libertad contra los generales Carlos Augusti Tellería y Wilman Hernández.

Para las presidenciales figura el preso político Leopoldo López, mientras que para la Gobernación de Bolívar ratifican al diputado Francisco Sucre.

El diputado al CLEB respondió a las declaraciones del concejal Vito Habib, quien informó sobre su expulsión de Voluntad Popular por “su conducta contraria a la ética y a la lealtad partidista”.

El diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular emplaza al mandatario del estado Bolívar a explicar al pueblo las promesas vacías y el caos.

El conflicto en el partido de Leopoldo López se centra en las aspiraciones a la primera magistratura regional por parte del diputado a la AN, Francisco Sucre, y el diputado al CLEB, César Ramírez.

La dirigencia municipal de Voluntad Popular carga contra César Ramírez por sus aspiraciones a la Gobernación y hacia quienes insisten en relacionar a Francisco Sucre con el gobernador Rangel Gómez.

En reunión de la Comisión de Contraloría del Parlamento se aprobó una investigación de los contratos suscritos entre la CVG, FMO y la empresa canadiense Triorent.

Contrario a la opinión de los fiscales del Ministerio Público, la jueza Ninoska González a cargo del Tribunal Primero de Control del estado Bolívar impuso medidas cautelares a Oswaldo Rodríguez, Peter Pérez, Sergio Morales, Carlos Briceño y Alvin Bridgewater, detenidos arbitrariamente el pasado 5 de julio. La magistrada imputó a los cinco estudiantes el delito por detentación de artefactos incendiarios aun cuando la Fiscalía sólo había precalificado a uno de ellos.

Francisco Sucre, diputado por Bolívar, recordó que el decreto presidencial, firmado de manera inconsulta por Nicolás Maduro, pone en bandeja de plata el oro venezolano a más de cien países. Por ello, añadió, había que frenarlo.

La modificación se centra en el artículo 31 en relación al pago de impuesto según el salario normal y no integral, respetando lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo.

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