Clavel A. Rangel Jiménez

El asesinato de Joel Alcalá, el posible restituido secretario general de Sutralúmina, retrotrae a un modo que durante 2002 a 2007 fue el método para dirimir conflictos en el ramo de la construcción; un proceder por el cual el estado Bolívar lideró la cifras de violencia al concentrar el 42,47 por ciento de los casos de sicariato sindical en todo el país.

El accidente ocurrió la mañana de este 17 de diciembre, mientras el técnico desarrollaba una maniobra en el Patio de Vacíos, sitio de recepción del mineral de hierro que llega de las minas en Ciudad Piar.

Las Claritas, municipio Sifontes del estado Bolívar, es quizá el único pueblo en Venezuela donde hay prosperidad y donde más de 400 personas han llegado mensualmente este año. El efectivo no escasea, tampoco la comida y hay trabajo por más de tres salarios mínimos a la semana, pero también está el sindicato que controla el negocio y la seguridad en una zona ofrecida por Nicolás Maduro a una transnacional que le ganó una demanda a la Nación, Gold Reserve.

Los manifestantes acusan a la Policía del estado Bolívar de estar implicados en el crimen que conmocionó a la población. La noche de este lunes la comunidad quemó cauchos en la troncal 10, carretera internacional que comunica a Venezuela con Brasil. También protestaron frente a la sede de la PEB.

En un comunicado Venalum informa que está investigando los detalles del accidente laboral en el que murió el trabajador Carlos Villaroel. Omite, sin embargo, condolencias por el asesinato a manos del hampa de un supervisor con 26 años de servicio. 

Dirigentes sindicales de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) rechazan la renegociación de las cláusulas económicas de la convención colectiva que ampara a más de 44 mil trabajadores de la industria.

El accidente ocurrió la madrugada de este sábado. El técnico era contratado por la empresa Protecnica. 

Hasta ahora nueve trabajadores de estatales, en Guayana, han confirmado su despido por participar en la etapa del 1% para validar a la MUD como convocante del referendo revocatorio. Cuatro de ellos pertenecen a la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

Los números del Instituto Nacional de Estadística (INE) no solo confirman el creciente incremento de la pobreza en Venezuela, sino que desmiente el discurso oficial de progresividad en derechos sociales y acceso a servicios básicos. Provea afirma que entre 2006 y 2016 se perdió una década de lucha contra la pobreza, pese a haber tenido los mayores ingresos petroleros de la historia del país.

El pasado 18 de agosto el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, mandó a los seguidores del gobierno a señalar a los disidentes dentro de las instituciones públicas. En la recolección del 1% de las firmas para activar el referendo revocatorio, al menos 30 trabajadores fueron despedidos o desmejorados por razones políticas en el estado Bolívar.

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