Martes, 08 Agosto 2017 00:00

Cómo evaluar el paro nacional

El gobierno no asomó valoraciones cuantitativas, sino que la descalifica de plano.

La jornada oficialista del 30 de julio en Ciudad Guayana se asemejó más a un paro cívico con la poca afluencia de ciudadanos en centros habilitados por el CNE para el fraude constituyente, mientras que el resto realizó su rutina diaria dominguera o simplemente no saliendo de sus casas, muy en contraste al 16 de julio cuando hubo una mayor participación ciudadana en un proceso totalmente cívico, pues no necesitó de Plan República.

Marchas, trancazos, plantones, foros, protestas pacíficas y con enfrentamientos, pronunciamientos internacionales, amenazas de sanciones, la aplicación de la Carta Democrática, una consulta popular constitucional con barniz plebiscitario cuyo resultado fue parciales (7 millones dijeron no a la constituyente), porque faltó el voto del chavista molesto y el gobierno de Maduro se rehúsa a escuchar que su régimen no es bienvenido. Estos cuatro meses de lucha se resumen en esta semana.

Sala Constitucional advierte que acciones anunciadas por el Parlamento configuran delito de usurpación de funciones a quienes pretendan ser designados magistrados.

Padrino, usando un uniforme militar de campaña y rodeado de los mandos castrenses, advirtió que la amenaza contra Venezuela está orquestada por una alianza de gobiernos que irrespetan el principio de autodeterminación de los pueblos. 

El asesor legal de Camcaroní, Mario Castro Villegas, sostuvo que el cierre de 24 horas de las compañías no afecta los ingresos al fisco municipal.

Para el director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón, nunca el país había estado tan cerca de lograr que se concrete un proceso de transición.

El presidente de la Corporación del Aluminio y de CVG Alcasa, Ángel Marcano, aseguró que “un gerente que esté en contra de la revolución no puede ser gerente”, al preguntársele sobre los trabajadores que decidan no participar de la Constituyente. Con esto no solo justifica la persecución política contra los trabajadores que ya se ha venido gestando en el parque industrial guayanés, sino que radicaliza la violación de los derechos laborales en nombre de la “revolución”: apenas es el preludio de la consolidación dictatorial que implica el fraude pactado para el 30 de julio.

Los parlamentarios reconocen las más de 7 millones de voluntades que rechazan la constituyente y presentan el informe de 159 candidatos a magistrados que serán electos en la sesión del 21 de julio.

Un día después de la manifestación de rebeldía cívica y pacífica que protagonizaron siete millones 600 mil venezolanos y a menos de dos semanas de que Nicolás Maduro consume su fraude constituyente, el mundo cierra filas a favor de una resolución pacífica a ese gran conflicto llamado Venezuela. El momento exige pasos firmes y pensamientos reposados: una decisión errónea podría significar la sepultura de la democracia nacional, esa que una vez fue ejemplo mundial y que hoy agoniza. La bomba está a tiempo de ser desactivada.

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