El abogado y exasesor de Hugo Chávez recalca el carácter constitucional de la consulta del domingo y, por tanto, exhorta a los guayaneses a participar: nada invalida ese derecho.

Para el abogado y profesor de la UCAB, Marcos Carrillo, previo a la consulta popular convocada por la oposición y la Constituyente de Maduro, se perfila un escenario en el que el Gobierno arrecia en su régimen totalitario, mientras las fuerzas democráticas siguen adelante con la única herramienta que les queda: la desobediencia civil.

El abogado y columnista de Prodavinci, José Ignacio Hernández, conversó con Público y Confidencial Radio sobre las actuaciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, frente a la pretensión madurista de la constituyente.

Domingo, 11 Junio 2017 00:00

Sea el juez

Estimado lector, sin ser abogado, ¿usted cree que el estado de derecho funciona y el ordenamiento jurídico está en manos competentes?

La asociación civil Defensa por los Derechos Civiles exhorta al Ministerio Público a dar con el fondo de las municiones fabricadas por la industria militar para el control de manifestaciones.

El estudiante de la UCAB fue imputado por instigación pública, aplicándosele como medidas de coerción la presentación de tres fiadores y régimen de presentación cada 30 días. Los otros dos detenidos también fueron imputados, requiriendo igualmente la presentación de fiadores, pese a que la Fiscalía no lo solicitó.

Representantes gremiales de la región, economistas y abogados, coincidieron en que la reciente convocatoria realizada por el Gobierno nacional no contribuye a mejorar la situación actual del país.

El abogado Carlos Ayala explica las implicaciones de retirar a Venezuela de la OEA, pese a ser una organización con disposiciones relativas a la protección de derechos humanos, cuyos tratados, pactos y convenciones tienen rango supraconstitucional.

Nizar El Fakih, abogado y representante de la organización no gubernamental Proiuris, advierte que cada convocatoria a marcha por parte de la oposición es, en la misma medida, un caso más de criminalización del derecho a expresarse en las calles. Ello ha devenido en un esquema de detenciones arbitrarias, como las ocurridas en 2014.

De los ocho apresados en el abrupto cierre del acto cívico-militar en San Félix, permanecen detenidos dos jóvenes en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar de Ciudad Bolívar.

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