A un año de las protestas de 2017, madres de expresos políticos recuerdan la agonía que pasaron al tener a sus hijos detenidos arbitrariamente y sin garantías de respeto a sus derechos humanos. Maltratados, juzgados por tribunales militares, enviados a la cárcel de El Dorado, enfermos de paludismo, forman parte de los casos de estudiantes que fueron privados de libertad por protestar: es otra de las aristas a la luz de los doce meses de aquellos días de gestas de calle pero, también, de las sombras que cayeron sobre muchas familias y sobre un país.

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