Opositores consideran que la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente forma parte de una estrategia de distracción para enfriar las protestas de calle, de las que aseguran no abandonarán hasta lograr los objetivos planteados.

Una semana signada por más represión, por asesinatos y por la violencia en contra de un nutrido grupo de venezolanos que solo quería algo, entregar al defensor del Pueblo un documento, llegó a su fin con una actividad que no parecía factible: un encuentro religioso y de música. Pero lo hubo. En Alta Vista, este viernes, los guayaneses convergieron en torno de un rosario. Fue un punto de recesión entre tanta violencia. Un respiro. Y un impulso para los próximos días: ahora es cuando queda calle.

Los diputados Francisco Sucre, Rachid Yasbek y José Ricardo Salazar exigen la investigación de las represiones en las marchas opositoras, así como la privativa de libertad contra los generales Carlos Augusti Tellería y Wilman Hernández.

En ninguna de las dos concentraciones se ha visto presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o de la Policía del Estado Bolívar (PEB), ambas se han desarrollado con normalidad, a pesar de los antecedentes de días anteriores. En el punto ubicado en Alta Vista, efectivos de la Policía estadal conversaron con Rachid Yasbek y Zaimar Castillo. Los dirigentes les aseguraron que sería una manifestación pacífica, así que los funcionarios no tardaron mucho en el sitio.

La dirigencia opositora había decidido hacer una pequeña marcha que pasaría por el Paseo Caroní, pero antes que la movilización llegara, militares lanzaron bombas lacrimógenas indiscriminadamente.

El diputado y coordinador regional de Primero Justicia rechazó los actos de tortura y represión por parte de organismos del Estado, a la vez que denunció la persecución contra la dirigencia opositora.

Los jóvenes tomaron la sede del Palacio de Justicia en Puerto Ordaz, reclamando las sanciones pertinentes a los jueces por las sentencias de la Sala Constitucional contra la Asamblea Nacional. “No es posible que den un golpe de Estado y luego se echen para atrás y no respondan por sus actos. Se rompió el hilo constitucional y los magistrados deben pagar. Mientras no haya cárcel para esos golpistas, no dejaremos de protestar”, agregó el dirigente de Voluntad Popular Samuel Petit.

La Mesa de la Unidad Democrática dijo que anunciará en las próximas horas sus acciones inmediatas contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

El partido cerró la primera jornada del proceso de renovación con 3.112 validaciones de las 4.857 que se requieren en el estado Bolívar para su relegitimación.

La directiva regional del partido expone su preocupación por la violación del derecho al sufragio en Venezuela, en virtud del silencio del CNE sobre las elecciones regionales.

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