Durante un conversatorio de la ULA, Susana Raffalli, nutricionista e investigadora de Provea, insistió en la necesidad de que “se disponga de fondos excepcionales para responder a la situación humanitaria”.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles la 29ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2017, en el que se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el país. 

“Los estándares internacionales en derechos humanos rechazan cualquier tipo de decisión que aumente la violación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población, lo cual puede ocurrir en Venezuela si las sanciones o restricciones impuestas exceden a los funcionarios involucrados en delitos o violaciones de derechos humanos”, señala la ONG en su comunicado.

De acuerdo con el conteo de Provea, solo en la gestión de Maduro se han registrado 210 fallecidos en el contexto de las manifestaciones, 143 de ellas en 2017. El Foro Penal Venezolano destaca que menos del 10% de los casos han sido investigados, cuando en su mayoría, incluyendo las lesiones y detenciones arbitrarias, fueron a manos de organismos de seguridad del Estado.

A un año de las manifestaciones de 2017, dirigentes juveniles defienden la lucha de calle que lideraron y que logró poner a Venezuela ante la mirada de la comunidad internacional. Reconocen que en su momento hubo una verdadera unidad en la oposición, pero falta de conducción, estrategia y hasta propios intereses enfriaron esa lucha que dejó decepción en el ciudadano. Sin embargo, ante una crisis mucho mayor, no descartan una nueva movilización con el agregado de las protestas espontáneas que se han dado en la colectividad.

El ex funcionario se encontraba en una conferencia de la organización política que dirige, el Movimiento Amplio Desafío de Todos, en el Hotel President de Caracas, donde llegaron funcionarios del Sebin a buscarlo en un vehículo oficial.

Mientras la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sigue sin definir postura sobre las presidenciales adelantadas, siete ONG venezolanas, con base en el argumento jurídico y la lectura política de rigor, cierran filas con la legalidad y la justicia al rechazar estos comicios, no solo por su ilegal convocatoria por parte de la fraudulenta ANC, sino por considerar que unas elecciones adelantadas, en un contexto de crisis política y emergencia humanitaria, solo agudizará los conflictos que mantienen al país en un colapso generalizado.

La CPI inició una serie de exámenes preliminares para determinar las responsabilidades del régimen y de sus funcionarios en los saldos rojos que dejaron las protestas de 2017, reprimidas con bestialidad durante un lapso de cuatro meses. La comunidad internacional y las voces democráticas venezolanas aplaudieron la medida que supone un primer paso para la eventual consecución de justicia y a partir de responsabilidades individuales, algo que difícilmente se logre con la justicia secuestrada por el chavismo.

Primero fue la delación para confirmar la masacre. Luego, la de las autopsias. Y, ahora, una vez que todo el país confirmó, mediante las actas de defunción, que a Oscar Pérez y a su grupo aliado los ejecutaron con tiros de gracia, las familias permanecen a la expectativa por un temor: que los cuerpos sean incinerados para desaparecer evidencias. Cierra así una semana marcada por los atropellos de un régimen que afinca su saña contra todo vestigio de derechos humanos.

LA ONG Provea sostiene que la erosión de los derechos sociales de los venezolanos y la desesperación de millones de familias por falta de alimentos atizan un estallido social cuyas consecuencias para los derechos humanos serían impredecibles.

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