Informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabiliza 714 protestas en todo el país, cifra que supera en 86% a enero de 2017.

El problema de la falta de combustible al sur del estado Bolívar lleva tiempo. Esta vez la ciudadanía, junto con las comunidades indígenas, trancó la entrada de la localidad para reclamar respuestas por las irregularidades en el servicio y exigir el cambio en la administración.

La CPI inició una serie de exámenes preliminares para determinar las responsabilidades del régimen y de sus funcionarios en los saldos rojos que dejaron las protestas de 2017, reprimidas con bestialidad durante un lapso de cuatro meses. La comunidad internacional y las voces democráticas venezolanas aplaudieron la medida que supone un primer paso para la eventual consecución de justicia y a partir de responsabilidades individuales, algo que difícilmente se logre con la justicia secuestrada por el chavismo.

La Gerencia de Bienes e Inmuebles de la CVG había dado 24 horas a los ocupantes de la conocida “carpa” frente al centro Comercial Mamy, para desalojar el lugar.

¿Hasta qué punto le sirve al régimen de Nicolás Maduro callar sobre la ola de saqueos con la que arrancó el año? La verdad, no conduce a ninguna parte, según sostiene el director de Espacio Público, Carlos Correa. La masificación de las protestas de 2017 y, ahora, este fenómeno lo corroboran.

Unos 18 mil oficiales tendrán a su cargo la vigilancia, así como 20 aeronaves y siete drones que velarán por el orden público tras días de protestas por abusos sexuales y ataques a templos católicos.

 La conflictividad social remontó a la cima el año pasado, cuando el registro de protestas superó el promedio anual desde 2010, en la medida en que la desmejora de la calidad de vida se acentúa.

LA ONG Provea sostiene que la erosión de los derechos sociales de los venezolanos y la desesperación de millones de familias por falta de alimentos atizan un estallido social cuyas consecuencias para los derechos humanos serían impredecibles.

Lunes, 08 Enero 2018 00:00

Rompiendo el torniquete dictadura-MUD

Las protestas a finales del 2017 no se pueden simplificar a masas hambrientas en busca de un pernil. Intuitivamente la gente en la calle sabe que el modelo del régimen chavista es insostenible e inviable y, además, que con la MUD no se cuenta para cambiarlo. Entonces cualquier motivo es legítimo para movilizarse en la calle por el cambio político: pernil, gas, medicinas… Todos son emblemas de un  país de miserias y carencias, del cual nadie se siente orgulloso y todos queremos cambiar.

La Conferencia Episcopal Venezolana se refirió a los últimos saqueos e intentos de ellos en varias regiones del país, como un aviso del estallido latente en la población, al tiempo que llama a respetar la propiedad ajena. Sobre el proceso de negociación, el presidente de la CEV, monseñor Diego Padrón, aspira a que se lleguen a acuerdos creíbles para ir a las presidenciales.

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