El politólogo Luis Salamanca define los comicios convocados para el 22 de abril como unas elecciones “atropelladas y atropelladoras”, convocadas y organizadas en menos de tres meses, lo que implica omisiones en una serie de procedimientos. Otros países celebrarán elecciones este año, habiendo conocido su cronograma por lo menos con nueve meses de anticipación.

El director del Observatorio Electoral Venezolano resume parte de las irregularidades cometidas por el Poder Electoral al reprogramar los comicios de gobernadores siguiendo órdenes de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, un patrón cuyos indicadores -suspensión de elecciones de consejos legislativos, cronograma a cuentagotas- apuntan a la turbiedad de un proceso que no ha dejado de generar incertidumbre en ciudadanos y políticos.

Observatorio Electoral Venezolano (OEV) explica 10 razones por las cuales la iniciativa del presidente representa un riesgo para la estabilidad democrática del país, al imponer la sectorización ilegal del voto y pretender instaurar el “Estado comunal” a la fuerza.

El Observatorio Electoral Venezolano alerta que la pretensión del presidente de usar el decreto como una manera normal de ejercer el poder atenta contra la estabilidad nacional: “La respuesta a la crisis no puede ser centralizar el poder para que se pueda controlar y silenciar el disgusto nacional”.

“La iniciativa presidencial, en lugar de enfrentar y proponer soluciones a la crisis, las esquiva y posterga, porque el problema no radica en la presente Constitución”.

El Observatorio Electoral Venezolano destacó que solo cuatro partidos de los 24 convocados, que han logrado pasar la barrera del 0.5% del registro de electores en al menos 12 estados.

El OEV destaca que si bien la MUD cumple los requisitos como partido legalizado, la demanda por presunto fraude podría ser accionada por el TSJ, reduciendo la posibilidad de comicios de amplia participación. Súmate destaca que el CNE viola los artículo 160 y 162 de la Constitución al no haber convocado a elecciones regionales en diciembre de 2016, habiéndose vencido el plazo de cuatro años de mandato para gobernadores y diputados a los consejos legislativos.

Su comunicado recoge un amplio exhorto al CNE a pronunciarse sobre temas que le son inherentes como: el referendo revocatorio, el cronograma para elecciones regionales y municipales, el nombramiento ilegal de dos de sus rectoras, la legalización de los partidos y la falta de representación del estado Amazonas en la AN.

El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, entrevistó al director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, sobre la decisión del CNE y tribunales penales para impedir la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para el proceso revocatorio.

Para el politólogo Benigno Alarcón son pocas las muestras del gobierno para llegar a acuerdos, por lo que considera que un diálogo solo se dará cuando este vea su inminente salida del poder, buscando minimizar el costo político.

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