Los Teques y Valencia fueron las ciudades en las que los ataques de las fuerzas de la dictadura cavaron con los tres muchachos.

La ONG ofreció un balance de los 100 días de protestas de la oposición en la entidad, reflejando que han sido 200 aprehensiones, de las cuales 50 personas aún permanecen privadas de libertad.

La Sala Constitucional emitió una sentencia que establece que la Fiscalía solo podrá imputar mediante jueces de control, es decir, con autorización del Tribunal Supremo.

El coronel Lugo, el actor Manuel Sosa y un alto gerente de Pdvsa figuran entre los imputados de estas nuevas jugadas de la Fiscalía.

El Ministerio Público anunció, además, la destitución de la fiscal segunda nacional Nardia Sanabria, por facilitar el acceso de Katherine Harrington en la Fiscalía.

Desconoce la “pretendida designación” de Katherine Harrington con el objetivo de colaborar en el restablecimiento de la Constitución, previsto en su artículo 333.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se tomará cinco días para decidir si realiza o no el antejuicio de mérito a Luisa Ortega Díaz, mientras que la Sala Constitucional juramentó sin autorización de la Asamblea Nacional a Katherine Nayarith Haringhton Padrón, en calidad de vicefiscal, anulando el ya nombrado por la fiscal general de la República y ratificado por el Parlamento. Una vez más, la torcedura del derecho para sostener una dictadura a la que cada día se le ven más las costuras.

Relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayánanunció que hará un seguimiento exhaustivo sobre los sucesos que se presenten en Venezuela usando como baluarte su competencia como velador de la independencia de los magistrados y fiscales a nivel mundial.

A raíz de los constantes ataques por parte de sectores del gobierno hacia el Ministerio Público venezolano y principalmente a Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, y la escalada represiva que se ha venido suscitando en Venezuela y el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente.

La Fiscalía General de la República no solo sigue dando muestras de institucionalidad, sino de su entereza ante las amenazas de linchamiento de la dictadura de Maduro. Por ello, además de imputar al ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Benavides Torres, por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2017, solicitó a la Asamblea Nacional la ratificación del vicefiscal, Rafael González Arias.

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