Viernes, 01 Septiembre 2017 00:00

El poder de los medios y la prueba del algodón

De cómo la hegemonía comunicacional del Gobierno, si bien ha causado mella en el ejercicio de la libertad de expresión y todo lo que esto conlleva, no ha sido suficiente para doblegar a una población que vivió la democracia, y que se aferra a su racional escepticismo a las informaciones de una dictadura que no tiene empacho en mentir y asesinar para atornillarse en el poder.

Guillermo Canelón, quien fuera el coordinador operativo de la Mesa de la Unidad Democrática en Caroní, aclaró que su partido, Alianza Bravo Pueblo, se mantiene en la coalición opositora.

Otro capítulo de excesos militares vivieron este jueves las familias de las residencias Los Mangos, Los Olivos y Villa Latina en Puerto Ordaz, en medio del paro cívico de 24 horas convocado por la MUD para rechazar la propuesta constituyente de Maduro. La protesta arrancó con varias trancas a lo largo de la avenida Atlántico que luego funcionarios de la GNB decidieron levantarlas a la fuerza, empleando gases lacrimógenos y perdigones que alcanzaron a vecinos. Foro Penal reporta seis detenidos en estos operativos.

La Fiscalía General de la República no solo sigue dando muestras de institucionalidad, sino de su entereza ante las amenazas de linchamiento de la dictadura de Maduro. Por ello, además de imputar al ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Benavides Torres, por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2017, solicitó a la Asamblea Nacional la ratificación del vicefiscal, Rafael González Arias.

“Muchos choferes tienen miedo a ser robados en la carretera y prefieren no salir”, aseguró el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Caroní, David Bermúdez.

La marcha opositora en Puerto Ordaz llegó sin inconvenientes hasta el Palacio de Justicia, donde además de rechazar un posible cambio de la Carta Magna, manifestantes dejaron mensajes de condena a la violencia y represión por parte de la GNB.

Ante el fracaso inicial del PSUV manejando el reparto de comida el gobierno le transfirió esta función a los militares. Ahora el descontento abraza por igual a operadores civiles y militares ante la cada vez más aguda crisis alimentaria.

Ocho días después de lo sucedido en el CCP Simón Bolívar, funcionarios del Ministerio Público, en compañía del  director de la PEB y el GAES- a nivel nacional-ofrecieron detalles sobre el procedimiento efectuado por los castrenses. 

Según testigos, los castrenses habían detenido a tres de los acusados cuando uniformados de la PEB dispararon a uno de los cauchos y bajaron a los aprehendidos y los resguardaron en la comisaría. 

Con base en el decreto 2.367 de la gran Misión de Abastecimiento Soberano, el dirigente destaca la responsabilizad que debe asumir el sector militar en cuanto a la distribución de alimentos.

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