Codehciu y Foro Penal realizan acompañamiento y asesoría legal a las víctimas por la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios de organismos de seguridad.

Un trabajador de CVG Ferrominera Orinoco fue agredido por encapuchados, acusándolo de ser infiltrado. Vecinos tomaron en resguardo al presunto miliciano para evitar que la protesta se saliera de control por acciones de manifestantes tras la arremetida militar.

Estudiantes, familiares y sociedad civil se plantaron a las afueras del Palacio de Justicia para exigir la libertad de Jonathan Pérez, cuyos fiadores firmaron luego de la respectiva verificación, pero el juez no firmó la boleta de excarcelación. Cabe destacar que la presión ejercida por los muchachos sirvió para que el comandante del Destacamento 625, Ernesto Quintero, se apersonara al sitio para conocer el caso, sosteniendo una conversación con el coordinador del Foro Penal Venezolano, Ezequiel Monsalve, quien le explicó la situación y defendió el legítimo derecho a la protesta pacífica.

El estudiante de la UCAB fue imputado por instigación pública, aplicándosele como medidas de coerción la presentación de tres fiadores y régimen de presentación cada 30 días. Los otros dos detenidos también fueron imputados, requiriendo igualmente la presentación de fiadores, pese a que la Fiscalía no lo solicitó.

Desde 2014 surgieron las propuestas para un cambio de gobierno por vía electoral, activándose en 2016 con el referendo revocatorio suspendido hasta ahora sin tener una respuesta. Tampoco lo hay para con la fecha de las elecciones regionales y municipales.

Tres muchachos fueron apresados entre el domingo y el lunes en Puerto Ordaz en diferentes hechos relacionados a la disidencia política. La audiencia de dos de ellos fue diferida para este miércoles, mismo día en que se espera la presentación del tercero de ellos.

Las aprehensiones se han registrado en Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, siendo en su mayoría detenidos del 19 de abril. Por otra parte, el Foro Penal destaca un antes y después en la actuación de Fiscalía, en comparación con años anteriores, estando al pendiente de la violación de derechos fundamentales.

Entre  enero del 2014 y junio del 2016 hubo un promedio de 344 detenidos por protestas en un mes, a razón de 12 por día. En abril de 2017, en solo 15 días de manifestaciones pacíficas -del 4 al 19 de abril-, el gobierno de Maduro ha arrestado a 1.059 personas: un promedio de 70 aprehensiones diarias, lo cual evidencia no solo al Maduro más represivo desde su llegada al poder, sino su profundo temor a la voluntad ciudadana por el cambio político. Es, en resumidas cuentas, la reconfirmación de un gobierno en su fase más débil. 

Varios de los aprehendidos fueron puestos en libertad entre la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves. Los primeros en salir de sitio donde estaban recluidos fueron los menores de edad.

La manifestación de este miércoles en Ciudad Guayana fue el despertar de una sociedad convencida de que el cambio solo se forja con la protesta pacífica, el apego a la Constitución y la firme exigencia de su cumplimiento pese a los avances represivos del Gobierno. Esos intentos se traducen en seis heridos confirmados al cierre de esta edición y una ola de detenciones arbitrarias que hasta ahora asciende a más de 70 casos. La manifestación sigue.

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