De acuerdo con el conteo de Provea, solo en la gestión de Maduro se han registrado 210 fallecidos en el contexto de las manifestaciones, 143 de ellas en 2017. El Foro Penal Venezolano destaca que menos del 10% de los casos han sido investigados, cuando en su mayoría, incluyendo las lesiones y detenciones arbitrarias, fueron a manos de organismos de seguridad del Estado.

La ONG Acceso a la Justicia cuestiona no solo el incumplimiento de la orden del Tribunal 5º de Control Militar, que correspondía con la liberación de los 27 estudiantes de la UPEL, también el desacato por parte de la Policía de Aragua, considerando que se debió abrir un procedimiento por no acatar la medida del juez.

Alex González y José Saldivia no han sido trasladados a un centro médico, pese haber convulsionado en dos oportunidades por la alta fiebre a causa del paludismo. Tampoco estarían aislados y otros reos estarían ya contagiados.

La mayoría de las detenciones son del 15 de junio, día de una marcha estudiantil que terminó en Alta Vista con la represión de la Guardia Nacional Bolivariana.

Según cifras manejadas por el coordinador del Foro Penal Venezolano en el estado, Ezequiel Monsalve, el promedio de medidas privativas de libertad ha venido en aumento mes a mes.

10 estudiantes con medidas cautelares llevan más de 20 días esperando por la ejecución de su libertad, mientras que 7 con más de 60 días de privativa de libertad, esperan por el decaimiento de la medida.

 Los abogados Ezequiel Monsalve, del Foro Penal, y Mairis Balza de Codehciu coinciden en la violación de DD HH durante las represiones en zonas residenciales, no solo por parte de la GNB, también civiles armados, presumiéndose que puedan tratarse de grupos parapoliciales o personal de inteligencia militar actuando sin identificación.

El coordinador regional del Foro Penal Venezolano, Ezequiel Monsalve, precisó que de los 42 privados de libertad a la fecha, 36 recibieron esta medida por uso errado de control judicial por parte del tribunal.

La medida judicial contra los jóvenes guayaneses detenidos en protestas contra la Constituyente y recluidos en un internado judicial de alto riesgo como El Dorado había sido objeto de repudio regional y nacional. Si bien el proceso penal se mantiene intacto, los 31 apresados serán trasladados a unos salones del Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo en San Félix, donde estará más cerca de su familia. Las boletas fueron emitidas, confirmaron fuentes del Poder Judicial y el Foro Penal Venezolano.

Este miércoles se realizó una marcha pacífica hasta la sede del Palacio de Justicia en Puerto Ordaz, para exigir la libertad de los 11 privados de libertad en Guayana, y enviados a la cárcel de El Dorado, así como denunciar el abuso de poder y usurpación de funciones por jueces de tribunales de control.

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