El Gobierno creó la operación Manos de Metal para evitar la fuga de oro por las fronteras venezolanas, informó este viernes el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. El contrabando de extracción es un problema de vieja data en el país, en el que han estado relacionados –incluso- militares de alto rango.

“En esta nueva etapa, Venezuela debe hacer un salto importante. Es el momento para que llegue la inversión”, expresó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, a través de su cuenta en Twitter.

El Gobierno nacional requiere desesperadamente nuevos recursos y nuevas fuentes de ingresos. Recursos y fuentes de ingreso que le permitan mantenerse en el poder y financiar la continuidad de su proyecto. El Arco Minero del Orinoco es esta nueva fuente “lícita” de recursos e ingresos.

Cinco organizaciones se constituyeron recientemente para armar un bloque que permita vender el metal al Banco Central de Venezuela, además de obtener permisos para el manejo de efectivo, pues consideran que el comercio descontrolado del metal agudizó la escasez del papel moneda.

Las operaciones de adquisición de oro se deberán convenir con proveedores que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias nacionales.

Mientras la resolución ministerial que obliga a vender todo el oro extraído del subsuelo venezolano al Banco Central de Venezuela no sea modificada, las compras-ventas de oro minero siguen siendo ilegales. Pero los pequeños comerciantes que ya se reunieron con el presidente del BCV, Ramón Lobo, sienten que hay voluntad del gobierno para ordenar la actividad e incluirlos.

Persiste el descontrol en las zonas auríferas. “El Arco Minero como tal no existe. Lo que se hizo fue subirle el volumen a la anarquía minera, respaldarla, para de allí llevar oro al Banco Central de Venezuela, un oro manchado de caos y sangre”, sostuvo un trabajador minero del sur de Bolívar.

El exdirector de la empresa, Jesús Guerra, alerta que el cierre inminente de la industria dejaría en el limbo a 4.500 trabajadores y sumiría en la “catástrofe” a los municipios del sur de Bolívar.

Trascendió que en el operativo se incautaron cuatro FAL, un fusil R-15, dos granadas, siete pistolas, tres revólveres y una escopeta. Todos los cadáveres presentan heridas por armas de fuego y aún no están identificados. Se trata de una nueva matanza que tiene su origen en la anarquía minera al sur del estado Bolívar por el control de los yacimientos, que hoy son reclamados por el Estado para el desarrollo del Arco Minero del Orinoco.

Las zonas estarán bajo la tutela de la Corporación Venezolana de Minería y la Empresa Nacional Aurífera, que recibieron el derecho a desarrollar las actividades primarias a través de un decreto presidencial.

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