Jueves, 02 Noviembre 2017 00:00

La dictadura criminaliza la abstención para obligar a la oposición a participar en elecciones a alcaldes

 
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Saab: “ese no es el deber ser de una persona que se dedique a la política y no lo puede hacer alegremente todas las veces que le dé la gana” Saab: “ese no es el deber ser de una persona que se dedique a la política y no lo puede hacer alegremente todas las veces que le dé la gana” FOTO CORTESÍA

El fiscal designado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó este jueves que solicitará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un antejuicio de mérito contra quienes han llamado a desconocer las instituciones del Estado venezolano; entre ellas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y otros sectores de la oposición hayan desconcertado a la dictadura al anunciar su no participación de las elecciones a alcaldes.

Saab indicó que en las próximas horas iniciará la investigación contra dirigentes opositores que decidan no ir a estos comicios por desconfianza hacia el CNE.

El Ministerio Público informó de la petición a través de la red social Twitter. “Este jueves el MP solicitará al TSJ antejuicio de mérito contra quienes han llamado a desconocer las instituciones”, con lo cual vulnera los derechos de la dirigencia política de participar de un proceso o no.

Debe recordarse que Primero Justicia, Voluntad Popular y La Caura R aseguraron que no participarán en los comicios del próximo 10 de diciembre como una forma de deslegitimar al Poder Electoral para exigir su depuración y condiciones justas para participar en las venideras elecciones presidenciales. Con ese objetivo fundaron este miércoles la plataforma Venezuela está primero.

Las declaraciones de Saab se producen a solo un día de que el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jorge Rodríguez acudiera a la sede principal del CNE a solicitarle a las autoridades “tomar medidas” contra aquellos partidos de oposición que impidan el derecho al voto.

Consideró, en un acto contrario a todo precepto legal y constitucional, que las organizaciones políticas que llaman a no participar en las municipales no deberían ser habilitadas para unas eventuales elecciones presidenciales, con lo cual se reconfirma no solo el descalabro de la dictadura ante esta postura, sino su imperiosa necesidad de estimular, a punta de bayonetas legales, la participación opositora para revestir de cierta legitimidad a un CNE manchado ante Venezuela y el mundo.

Retaliaciones por la rebelión popular

La excusa de la desobediencia para perseguir a la disidencia no es solo a propósito de las elecciones a alcaldes. Su interpretación se entiende –y extiende– como una represalia contra la oposición luego de la rebelión civil encarnada en la ola de protestas que marcaron la agenda política del país desde abril hasta julio de este año, período en el cual la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en un acto legitimado por más de 7 millones de venezolanos, se adosaron a la figura de la desobediencia civil, consagrada en el artículo 350 de la Constitución nacional, como una forma de desconocer el gobierno de Nicolás Maduro.

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Pero este ejercicio amparado por la Carta Magna es ahora, para la dictadura, una forma de delinquir. De ahí que Saab señalara en rueda de prensa que los antejuicios de mérito se realizan de forma individual, y que por lo tanto, el TSJ determinará en su Sala Plena si existe mérito o no para enjuiciar a ciudadanos que “revestidos de impunidad” hicieron llamados “a la desobediencia de la ley, las instituciones del Estado e instigaron a otros a delinquir”.

Afirmó que bajo su administración en el MP se terminó la tolerancia a este tipo de acciones, porque “ese no es el deber ser de una persona que se dedique a la política y no lo puede hacer alegremente todas las veces que le dé la gana”.

A su juicio, en esos meses, en que el MP estaba bajo la administración de Luisa Ortega Díaz, la institución no actuó “porque estaba bajo la complicidad con los actores políticos de la oposición que convocaron las protestas”.

El también ilegítimo presidente del Consejo Moral Republicano aseguró que los antejuicios de mérito son para que en el país “haya orden porque la gente quiere paz”. Una vez más, la imposición de la paz por la vía de la fuerza. Una Pax Romana amparada por el sistema de justicia.

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