Domingo, 18 Junio 2017 00:00

Tribunal prolonga detención arbitraria de 11 jóvenes guayaneses por oponerse a la constituyente

 
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11 jóvenes fueron arrestados ilegalmente el jueves en Puerto Ordaz por participar de una marcha contra el fraude constituyente 11 jóvenes fueron arrestados ilegalmente el jueves en Puerto Ordaz por participar de una marcha contra el fraude constituyente Foto William Urdaneta

A punta de redadas militares, que son el complemento de la represión a las manifestaciones pacíficas, y de amañados procesos judiciales, el gobierno de Maduro devenido en una dictadura busca acallar el rechazo a su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, que en vez de resolver los problemas de la gente, dificulta la salida democrática y electoral que aspira la mayoría de los venezolanos.

11 jóvenes detenidos el jueves pasado en Puerto Ordaz, en medio de una movilización en contra de la constituyente del presidente Nicolás Maduro, permanecen detenidos en un destacamento militar, luego del diferimiento de la audiencia preliminar en el Palacio de Justicia de Ciudad Guayana, este sábado.

Familiares, profesores universitarios de la Ucab Guayana, dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado Bolívar y líderes comunitarios repudiaron en las afueras del  tribunal las redadas de estudiantes que buscan contener las protestas de calle por un cambio de gobierno a través de elecciones libres, sin más condicionantes que los establecidos en la Constitución.

 

 

Las capturas arbitrarias de estos jóvenes se practicaron en diversos puntos de Alta Vista, luego que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía del estado Bolívar (PEB) dispersaran la marcha que intentaba llegar a la Plaza Monumento CVG.

Entre los detenidos hay seis estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello Guayana, entre ellos, uno de los responsables regionales del partido Voluntad popular, Samuel Petit, cuyos compañeros temen que su causa sea tramitada aparte del resto de los aprehendidos. En el grupo hay dos jóvenes que cursan estudios en la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG); otros en la Unexpo, y Joineth Viafara y José Pino.

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Dirigencia regional de Voluntad Popular, encabezada por los diputados Francisco Sucre y Ligia Delfín, repudiaron el patrón represivo contra los estudiantes guayaneses/Foto Liris Carvajal

Las detenciones masivas de estudiantes son práctica habitual de la escalada represiva del gobierno desde que iniciaron las protestas contra la ruptura del orden constitucional a principios de abril.

Esta semana en el estado Bolívar fueron detenidos 32 estudiantes, entre los 21 en Ciudad Bolívar del pasado miércoles y los 11 de Puerto Ordaz este jueves. La administración de Maduro se sirve de los cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional y la Policía del estado Bolívar para frenar o neutralizar el rechazo mayoritario de la ciudadanía a su fraude constituyente.

Además de las detenciones ilegales, los jueces están usurpando las competencias del Ministerio Público para privar de libertad a los jóvenes arrestados en protestas, para luego enviarlos a sitios de reclusión de altísima peligrosidad. La arbitrariedad judicial se volvió a repetir este sábado, puesto que 12 de los más de veinte estudiantes detenidos en Ciudad Bolívar, el pasado miércoles, fueron dejados en prisión y con orden de traslado al penal de El Dorado, en el municipio Sifontes.

 

 

Este viernes el estudiante Luis Adrián Acosta, aprehendido el 14 de junio durante el plantón en la Unexpo en Puerto Ordaz, fue imputado por los delitos de instigación pública, agavillamiento y obstrucción de la vía pública; estos dos últimos imputados por el juez haciendo uso del control judicial. El joven permanecerá recluido en la sede de Patrulleros de Caroní.

La audiencia de Amador Villarroel, arrestado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la noche de ese mismo 14 de junio, fue diferida para el lunes.

Asimismo, Arianny Lezama e Isabel Bartoli, estudiantes de Relaciones Industriales y Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), respectivamente, Mauricio Gutiérrez y José Luis Chacón, este último chofer del taxi en el que se trasladaban a comprar comida cuando fueron apresados la noche del 9 de junio en Los Mangos por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), siguen bajo arresto arbitrario pese a la orden de liberación de un jueves con medidas cautelares de régimen de presentación y fiadores.

 

 

Sobre este caso, la ONG Comisión para los DD HH y la Ciudadanía (Codehciu) se pronunció este sábado para exigir la inmediata libertad de Isabel Bartoli, Arianny Lezama, Mauricio Gómez y José Chacón.Lezama quienes pese a tener medidas cautelares sustitutivas de libertad siguen recluidos en centros policiales.

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“Exigimos al presidente del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, Danilo Jaimes, el cumplimiento efectivo de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal y que de igual modo inste al Tribunal Quinto de Control Penal a cargo del juez Pablo Hernández a respetar los Derechos Humanos y los principios constitucionales establecidos en los artículos 49 constitucional y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en consecuencia ejecute la libertad de estos ciudadanos”, puntualiza la nota de Codehciu.

La persecución policial y judicial configura un nuevo desafío para la sociedad democrática que se mantiene en las calles desde el pasado abril en defensa de la Constitución.

Más de 70 venezolanos, entre ellos varios menores de edad, han fallecido durante las protestas en contra del desvío dictatorial de Maduro que pone en jaque la salida electoral, democrática y pacífica que mostró el pueblo venezolano en una contundencia inédita en las elecciones parlamentarias de 2015, eligiendo una Asamblea Nacional de mayoría opositora, lo cual develó al mundo la pérdida de apoyo popular del chavismo y su ruta de salida del poder.

 

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