Miércoles, 14 Junio 2017 00:00

Régimen aplica tesis del enemigo interno para causar muerte moral de opositores

 
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El Poder Ejecutivo exhibe su control del TSJ y CNE para ir contra el Estado de Derecho El Poder Ejecutivo exhibe su control del TSJ y CNE para ir contra el Estado de Derecho Foto Archivo
 
 

Oponerse a un gobierno es un derecho de todo ciudadano y no constituye delito alguno, destaca el penalista Fernando Fernández, quien sostiene que el derecho penal del enemigo se aplica a un sistema donde no existen garantías penales, procesales, ni la protección de los derechos fundamentales, para quien está siendo investigado o enjuiciado, ya que es considerado como un enemigo hostil.

A partir de la tesis de Fernández, el Observatorio Venezolano de la Justicia acusa al gobierno de Nicolás Maduro de aplicar el derecho penal del enemigo en Venezuela, “iniciativa que se evidencia con el abuso de poder al cual recurre el Estado venezolano, para eliminar los derechos y las garantías jurídicas de todo ciudadano que considere como un enemigo potencial, aun cuando se trate de un simple opositor”. 

Este abuso de poder se traduce en el uso arbitrario de la coacción y, la violencia legal que se ejerce al acusar penalmente a dirigentes políticos y defensores de derechos humanos por cuestionar las acciones y omisiones del Estado, así como también, denunciar y apresar a empresarios del sector privado bajo el supuesto de acaparamiento.

El Observatorio Venezolano de la Justicia explica que en el país se aplica de forma discriminatoria el ordenamiento jurídico como cuando, por ejemplo, se promulgan normas destinadas a criminalizar u obstaculizar conductas de  un sector específico de la población.

Un ejemplo de ello son las trabas que el Consejo Nacional Electoral, organismo que impuso una serie de obstáculos para impedir la realización del referéndum revocatorio solicitado por la oposición venezolana. “La coacción arbitraria no es el único medio al cual recurre el Estado para destruir a sus enemigos”.

En Venezuela la muerte moral ha sido y es empleada actualmente,  por los personeros del Estado, quienes han adoptado la descalificación, las amenazas, estigmatización e incluso, han demonizando a todas aquellos grupos o personas a quienes consideran sus enemigos.

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Un inquietante ejemplo son las declaraciones de dirigentes gubernamentales contra la madre de Neomar Lander, a quien han acusado de usar la muerte de su hijo para obtener notoriedad pública. Zugeimar Armas, tuvo incluso que negar que a su hijo le pagaran por ir a manifestar.

“Ayer en la noche salió en el programa Notipatria un señor diciendo que era mi esposo, que era el papá de mi hijo y que a mi hijo le pagaban para ir a las marchas, cosa que es mentira. 80% de los venezolanos estamos en contra del gobierno y vamos por nuestra propia voluntad, nadie nos obliga”, aclaró Armas.

Otra referencia de la aplicación de la tesis del enemigo interno por parte del Gobierno es la guerra económica a la cual el Estado le atribuye la consecuencia de sus políticas contra el sector productivo privado. El Estado inició una persecución masiva contra altos empresarios del país, tildándolos en sus discursos políticos de fascistas, apátridas, traidores y parásitos, entre otras descalificaciones e injurias.

Finalmente, Fernando Fernández sostiene que, para los empresarios, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, profesores, intelectuales, periodistas y estudiantes, por mencionar algunos grupos, no hay Estado de Derecho ni Constitución, “solo fuerza y hechos, pues al ser enemigos no tienen derechos y contra ellos todo vale”.

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