Jueves, 25 Mayo 2017 00:00

Fiscal general enfrenta aparato represor de Maduro con los poquísimos hilos de la institucionalidad

 
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La fiscal general reiteró su llamado a los tribunales de todo el país a no atribuirse funciones de las fiscalías La fiscal general reiteró su llamado a los tribunales de todo el país a no atribuirse funciones de las fiscalías Foto cortesía El Pitazo
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En un país donde los poderes públicos doblaron sus rodillas ante el Ejecutivo, el cumplimiento del deber es visto con extrañeza.

Nadie puede asegurar el porqué de sus acciones, pero más allá de conjeturas o antipatías, la fiscal general Luisa Ortega Díaz sigue sosteniendo los poquísimos hilos que sostienen la precaria institucionalidad que queda de este “Estado Social de Derecho y de Justicia”. Sus declaraciones del miércoles fueron otra mano en la madeja.

El primer acto fue más que un desmarcaje político del discurso oficial y de una violación de derechos humanos. Fue también el desvelo de un caso emblema ante el país, que pone al descubierto las falacias del Gobierno en su intento por maquillar su creciente represión a la disidencia.

La causa de muerte del estudiante de la Universidad Metropolitana José Pernalete ha sido motivo de discordia desde su asesinato, el pasado 26 de abril. La evidencia recabada por testigos apuntaba a que murió por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. Los médicos que lo atendieron así lo corroboraron.

Pero la versión difundida por el Gobierno, con el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, y el diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como cajas de resonancia, intentaron vender otra versión: “Pernalete habría muerto por una pistola de perno cautivo”. De esto también hicieron eco los medios gobierneros, pero la última palabra, según dicta la Constitución y las leyes, la tendría el Ministerio Público. “El MP es el que sabe lo que está ocurriendo en la investigación, son lo que tienen los elementos de convicción, y son los que pueden afirmar con certeza y seriedad lo que está ocurriendo”.

“Él (Juan Pernalete) fue impactado por un objeto como este (…). Esto es una bomba lacrimógena, sí”, aseveró Ortega Díaz mientras mostraba ante las cámaras un cartucho similar al arma homicida del estudiante universitario. Restos de los gases tóxicos en la ropa, versión de cinco testigos, planimetrías, y demás estudios técnicos y científicos corroboraron este hecho. Una vez más, el Gobierno miente. La fiscal lo sabe, y por ello se desmarca.

“Conocemos el grupo de la Guardia Nacional que ejecutó el disparo (contra Juan Pernalete) pero no hemos individualizado la acción, seguimos investigando”, informó la fiscal, al tiempo que advirtió que las bombas lacrimógenas se convierten en arma letal cuando no se usan con conocimiento y precaución.

 

La Fiscalía lleva 16 investigaciones sobre actuación de grupos paramilitares en represión de manifestaciones. Ortega Díaz manifestó su preocupación por la actuación de estos grupos en actitud violenta, sin que actúen los agentes del orden.barra ama650

 

La postura de Ortega Díaz sobre el caso Pernalete es un mensaje político claro y ejemplarizante para Maduro y su aparato represor: la violación de derechos humanos no contará con nuestra anuencia. Por el contrario, la castigamos. Es un respiro de apego a la institucionalidad y la ley que causa mella en las filas del Ejecutivo, cada vez más urgido de apoyos estatales a falta de respaldo popular e internacional para legitimar sus atropellos e ilegalidades. Por eso la importancia de la autonomía de poderes.

Esa autonomía es la que la lleva a reiterar su llamado a los tribunales de todo el país a respetar el debido proceso y la legalidad, y no atribuirse funciones de las fiscalías de imputar a detenidos. Es la que la lleva a hacer lo propio y denunciar que tribunales militares, en flagrante violación de la ley, osan a procesar civiles. Sin duda, un mecanismo de presión contra las arbitrariedades del Gobierno.

El verbo como poder político

A veces todo está en el verbo. En la perfecta mesura del uso de la palabra en el momento adecuado. No es casual que la fiscal hable de los muertos en protestas como seres humanos venezolanos, sin distinción alguna. Valga esto de ejemplo al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien ya ha clasificado los asesinados en protestas en oficialistas y opositores.

 

La fiscal repudió
la difusión
de videos manipulados sobre hechos violentos
que buscan favorecer políticamente a uno u otro grupo político. Lamentó que medios de comunicación se presten
a difundir información falsa y parcializada en ese mismo sentido,
y que al final acentúan la conflictividad.barra ama110

 

Ese mismo verbo le sirvió a Ortega Díaz para explicar el origen de los asesinatos en las manifestaciones: la escalada de violencia, “venga de donde venga”, pero muy especialmente el uso excesivo de la fuerza pública.

“Preocupa que tengamos 500 lesionados por violencia contra derechos fundamentales. Más de la mitad han sido heridos por uso de las fuerzas de seguridad, preocupa cómo se ha exacerbado la violencia. Hay que identificar las razones”. Ortega Díaz las conoce. No las dice, porque el arte de la política también implica el manejo del verbo. Por eso su discurso es un declarado acto de presión política a las fuerzas del orden y sus altos funcionarios, para que cumplan sus funciones apegados a la ley, contraria a los intereses del ala más radical del madurismo: disolver las protestas a punta de represión (véase Plan Zamora 200 fases I y II) en una etapa de agudización del conflicto político.

La efervescencia de la protesta se mantendrá en tanto y en cuanto el Ejecutivo siga sin implementar mecanismos para aliviar las tensiones de la población. El desoído del Gobierno a las demandas ciudadanas, y la radicalización de su proyecto político pese al creciente descontento nacional, hacen de la sociedad una cápsula de presión sin válvulas de escape: un escenario perfecto para la anarquización del país, donde el Estado siempre juega con ventaja en la medición de fuerzas. De ahí la pertinencia de las palabras de la fiscal: ante una mayor escalada de violencia, la ley y su cumplimiento. Esa mínima institucionalidad que sostiene los finos hilos que aún nos impiden caer en la más atroz de las barbaries.

Sus motivaciones son un enigma. Y sus actuaciones, un ejercicio de perplejo apego a la legalidad. Las especulaciones, posturas o imposturas quedan en segundo plano cuando lo medular, lo estrictamente apegado a su labor como representante de un poder público, es el cumplimiento de su deber. A eso está llamada. Es eso lo que hace ahora. Es esa reivindicación de la institucionalidad -la del Estado Social de Derecho de Justicia- la que diezma los avances de la dictadura.

Así también se restituye la democracia.

Así también se salvan vidas. 

 

El poder de la palabra

El desmarcaje y la presión política de la fiscal general Luisa Ortega Díaz al gobierno de Nicolás Maduro se evidencia en el hilvanar de un discurso lleno de expresiones mínimas que fustigan a la administración nacional y sus personeros: 

■ “La confrontación entre venezolanos no se resuelve deteniendo a personas. El descontento es producto de la severa crisis económica que ocasionó el desabastecimiento que hay en el país”. Lo primero es una crítica a las fuerzas de seguridad y sus centenares de detenciones arbitrarias como mecanismo de intimidación para desarticular la protesta de calle. Lo segundo es el reconocimiento de una crisis que, en ningún momento, atribuyó a guerras económicas o conspiraciones opositoras. Las omisiones no son casuales en política.

■ “Si el país se encuentra atravesando por dificultades económicas importantes, esto destrozos (y saqueos a locales comerciales) agudizarán los problemas de la población para el abastecimiento de alimentos y rubros de primera necesidad y medicinas. Esto viene a contribuir con la escasez”. El Gobierno ha desterrado de su discurso la palabra escasez. Ha optado por hablar de desabastecimiento, como resultado de supuestos acaparamientos que dilapidan el inventario de productos, cuando el verdadero problema, dicho por los propios empresarios, es la producción.

■ “Aquí debe haber libertad para profesar cualquier tendencia política. Por eso no se pueden agredir a las personas, ni mucho menos que se les pretenda asesinar”. Con estas palabras, la fiscal ratifica su postura sobre la importancia de la libertad de expresión para todos los ciudadanos, independientemente de su tendencia política. Por otra parte, repudia los intentos de linchamiento contra aquellos que expresen su postura política. Esto a propósito de un joven envuelto en esta situación por manifestar su apoyo al Gobierno nacional. 

 
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