Tanto el oficialismo como la oposición se ufanaron de visitar las comunidades anegadas para sus propios fines. Ninguno alertó de la crecida del río y, los que son autoridad, tampoco habilitó a tiempo los refugios para evitar la magnitud de las pérdidas.

La Sala Constitucional del TSJ dictó 15 meses de reclusión en el Sebin, inhabilitación y prohibición de salida del país al joven dirigente político y miembro de Voluntad Popular. Con él, son 11 los alcaldes de oposición suspendidos del cargo.

Alcaldía de Caroní ignoró este viernes a comunidades inundadas en San Félix luego de una semana de pérdidas materiales. Estos sectores viven la desesperación desde hace más de ochos días.

La municipalidad amedrenta con revocar licencias económicas y emprender acciones administrativas contra las importadoras que reciban dólares del Dicom.

La legisladora de Caroní asegura que la nueva empresa no cambiará el fatal servicio de aseo urbano municipal, puesto que no resuelve el problema medular: las faltas de políticas y equipos adecuados.

En los últimos dos años, la municipalidad ha planteado nuevas instituciones, planes y alianzas para mejorar la recolección de basura, sin lograr nunca el éxito, pero sí asignando cuantiosos recursos.

Freddy Arenas, dirigente del municipio Bolívar en Aragua, criticó que en el partido, además, se haya perdido la “mística del debate interno”.

El caserío del municipio Independencia, del estado Anzoátegui, lleva tres días de protesta que comenzó por una razón: hace una semana depositaron cinco millones de bolívares para la bolsa de comida del CLAP y nunca llegó. Les ha tocado pasar hambre y no hay esperanzas de que eso cambie.

La madre de uno de los detenidos reveló que los jóvenes son obligados a dormir en el piso y que les raparon la cabeza. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no les dejó acceder a la cárcel por la única vía terrestre, por lo que los familiares debieron intentar por vía fluvial, por la que tampoco pudieron acceder. Este tipo de tratos son violatorios de pactos y tratados internacionales suscritos por Venezuela que califican tales prácticas como violatorias de derechos humanos.

El Concejo Municipal de Barquisimeto actuó contra el líder causerrista por, supuestamente, financiar las protestas en contra del Gobierno.

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