Miércoles, 30 Septiembre 2015 00:00

Tribunal cumple orden de la cúpula del PSUV de mantener preso al alcalde José Ramón López

 
Violentos forcejeos entre militantes afectos a López y la GNB tuvieron lugar durante la salida del alcalde Violentos forcejeos entre militantes afectos a López y la GNB tuvieron lugar durante la salida del alcalde Fotos William Urdaneta
 

GNB

Simpatizantes de López volcaron su malestar por el dictamen contra los funcionarios de la GNB

Movilización

Tribunales era custodiado por una fuerte movilización de la GNB

 
 

Edra

Madre de López, Edra de Rondón, no pudo ingresar a la audiencia de presentación 

Pancarta 2

En todo momento los seguidores de López exigen que se abra una investigación contra el gobernador Francisco Rangel Gómez 

 

El fuerte despliegue militar en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz alertó a los simpatizantes del alcalde de Caroní, José Ramón López, poco antes de las 10:00 de la noche de este martes, que la audiencia de presentación estaba a punto de finalizar y que la decisión apuntaba a mantener bajo arresto al burgomaestre a juzgar por los preparativos del traslado.

Uno de los portones estaba totalmente acordonado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes ante las manifestaciones de la gente activaron detonaciones al aire, causando momentos de tensión y confusión, mientras el alcalde era retirado por otro de los portones donde un grupo permanecía en vigilia.

El llanto, las consignas y gritos de repudio por la sentencia que mantenía detenido a López colmaron la noche frente a la sede del Poder Judicial de Ciudad Guayana. En efecto, el vocero del equipo de abogados de López, Alexander Andrade, confirmó la medida de privativa de libertad y ordenaba a partir de ese entonces recluir al alcalde en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Tigre, estado Anzoátegui. Los delitos imputados corresponden a peculado doloso, concierto con contratista y evasión de proceso licitatorio.

“Los actos que se le imputan y todos los hechos que dice el Ministerio Público y los denunciantes que están allí, los traidores, son írritos, allí no existe una prueba que determine que nuestro alcalde haya cometido ningún hecho ilícito”, manifestó Andrade, quien calificó a López como un preso político.

Relató el defensor jurídico que en la audiencia cuando la jueza comunicó su dictamen, el hombre acuñado por el fallecido presidente y líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, como el “alcalde trabajador” exclamó: "yo me lo esperaba".

Decisión política

La defensa afirmó que el fallo de tribunales obedeció a una decisión política, alegando inconsistencias en el expediente. “Están buscando el quiebre de José Ramón López… lo cumbre de lo escrito por la Fiscalía del MP es que la concejala Crisálida Jiménez aparece como denunciante, pero también como denunciada; eso es una aberración del MP, pero aquí todos sabemos qué es lo que pasa”.

Explicó que procede esperar un lapso de 45 días para que se presenten los actos conclusivos para la acusación o el sobreseimiento de la causa. “Vamos a intentar ante la Fiscalía 25ª del MP con competencia nacional y la Fiscalía 4ª de Ciudad Bolívar someter todo el acerbo probatorio”.

Andrade agregó que López se esperaba la medida del tribunal y pidió, en consecuencia, a sus seguidores mantener la calma, aferrándose a su investidura por elección popular. “El alcalde les mandó a decir: ‘confío en mi pueblo… ellos son los que me pusieron en la Alcaldía, y ellos son los que me pueden sacar”.

La justicia del partido 

Una vez arrestado el alcalde de Caroní, era bastante probable que permaneciera preso mientras transcurriera el lapso para las investigaciones de los fiscales. Era más que evidente que tras la decisión judicial se desarrollaba un juicio político que cuenta entre sus ingredientes principales el desacato del hoy imputado a la orden de Diosdado Cabello, es decir el buró nacional del PSUV, de abandonar la Alcaldía de Caroní y marcharse para Cuba, como estaba previsto en un plan inicial.

López ignoró la “línea pesuvista”, con la jugada de operarse en Puerto Ordaz. Sin embargo, la gota que rebosa el vaso y colma la paciencia del sector militar que dirige al partido de gobierno es el desafío abierto de López al intentar reincorporarse y dejar en el congelador la táctica de montar al general Justo Noguera Pietri, actual presidente de CVG, en la dirección general de la municipalidad, con miras a quedarse en el puesto de López.

 
 

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Ha trascendido que el acuerdo consistía en la desincorporación consensuada y progresiva del alcalde hasta su abandono definitivo del cargo, debido a problemas de salud y una gestión pública deficiente, sobre todo, en materia de recolección de basura.

Sin embargo, la defensa constitucional que hizo López del manejo de los ejidos lo enfrentó con CVG y con el sector militar que está detrás de los proyectos de vivienda.

La misma noche en que la jueza admitió los delitos formulados por los fiscales contra López, los representantes de los Círculos de Lucha Popular (CLP) del municipio Caroní sostuvieron una reunión con el ex ministro y ahora candidato principal del oficialismo para la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Héctor Rodríguez, para buscar un arreglo político, que tuviese como punto de partida la liberación del alcalde.

La decisión ya estaba tomada y no había vuelta atrás. El poder popular quedaba a un lado. La bota militar del PSUV tenía la última palabra.

     
 

¿Quién es el alcalde?

Aunque Eriberto Aguilera sigue abrogándose la figura de alcalde (e.), es de recordar que el 25 de septiembre López emitió una resolución en la que notificaba su reincorporación y derogaba el nombramiento de Aguilera como su suplente temporal.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal “cuando la falta del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva”.

Para que proceda la ausencia absoluta debe darse “la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato”.

En este caso, este mismo artículo especifica que:

Cuando la falta absoluta se produjere transcurrida más de la mitad del período legal, el Concejo Municipal designará a uno de sus integrantes para que ejerza el cargo vacante de alcalde o alcaldesa por lo que reste del período municipal. El alcalde o alcaldesa designado o designada deberá cumplir sus funciones de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo aprobado para la gestión.

Cuando la ausencia absoluta se deba a la revocatoria del mandato por el ejercicio del derecho político de los electores, se procederá de la manera que establezca la ley nacional que desarrolle esos derechos constitucionales.

En los casos de ausencia absoluta, mientras se cumple la toma de posesión del nuevo alcalde o alcaldesa, estará encargado de la Alcaldía el Presidente o Presidenta del Concejo Municipal.

 
     
Modificado por última vez en Martes, 06 Octubre 2015 11:38

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