Opinión
Rafael Uzcátegui

Rafael Uzcátegui

Si le preguntan cómo se define, responde, sin miramientos, que como un empecinado anarquista. La denuncia, desde tal perspectiva y con el aliciente de su trabajo en Provea, es el eje de su columna.

La objeción de conciencia es el derecho civil de mantenerse al margen del mundo militar, una conquista que debe preservarse.

Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para mitigar la participación de niños y adolescentes en procesos de violencia y de crimen organizado en el continente.

 |  Jueves, 28 Abril 2016 00:00

Informe temático de la Comisión IDH reconfirma cómo el clima de hostilidad en el hogar, escuela y comunidad hace que la violencia se erija como valor en los niños. 

El acercamiento de Sacher nos permite identificar las sinergias necesarias para que un Estado como el venezolano promueva un proyecto de minería de las dimensiones del AMO.

Lo curioso de este capítulo es que el gobierno está reconociendo que sus órganos responsables no son capaces de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante su gestión, y que por lo tanto debe crear algo nuevo.

Cómo se define este operativo de seguridad, el contexto en el que surge, los derechos humanos que vulnera y cómo se explica la perpetración de estos abusos sin que hasta ahora haya castigo a los implicados, son los cuestionamientos que responde Rafael Uzcátegui en su columna de hoy.

La lucha contra la delincuencia debe ser una política sustentable y que pasa inexorablemente por el consenso de los diferentes actores públicos y sociales.

El desequilibrio entre derechos sociales y políticos, la discriminación positiva hacia las minorías sociales, la “tiranía de las mayorías”, la criminalización de la disidencia y el retroceso de los derechos son algunas de los riesgos paridos en el sistema de gobierno menos imperfecto.

El decreto de creación de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)” es un compendio violatorio de garantías fundamentales, al desestimar los estudios previos de impacto ambiental para la actividad minera, al vulnerar los derechos particulares de los pueblos indígenas y de mineros artesanales, como los de libre asociación.

Falta de autonomía del Poder Público, inobservancia en el cumplimiento de medidas dictadas por organismos internacionales, su silencio cómplice para mantener a Venezuela fuera de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son algunas de las deudas de este poder público en el país.



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