Opinión
Rafael Uzcátegui

Rafael Uzcátegui

Si le preguntan cómo se define, responde, sin miramientos, que como un empecinado anarquista. La denuncia, desde tal perspectiva y con el aliciente de su trabajo en Provea, es el eje de su columna.

¿Por qué no se realizaron las convocatorias públicas, con atractivas condiciones laborales, para contratar el equipo humano necesario?

Rafael Uzcátegui sintetiza las garantías de estos grupos étnicos, basadas en la reciente Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: lenguaje, cultura, territorio, trabajo, asociación, determinación, religión.

El artículo 146 de la Constitución estipula que los cargos en la administración pública deben ocuparse por carrera y por un sistema científico basado en el mérito.

Rafael Uzcátegui nos presenta varios casos del informe anual de la Contraloría General de la República. Ni Lácteos Los Andes, Industrias Diana, Instituto Nacional de Tierras, Corporación Venezolana de Alimentos, ni Café Venezuela pasaron la prueba de la transparencia.

Es apremiante comenzar a debatir públicamente cómo debe ser una transición que nos devuelva de nuevo a la democracia, fortaleciendo un tejido social e institucional que garantice la dignidad humana.

La legalización de esta figura por un TSJ inconstitucional, y la aprobación de la aparentemente olvidada resolución 08610 del Ministerio de Defensa, traen hoy, como lodos, las primeras víctimas fatales por el uso de armas letales contra la población que legítimamente protesta ante la carestía país.

El gobierno no cumple sus propias metas de aumentar las cosechas de alimentos, pero en cambio continúa con el proceso de militarización del campo.

El coordinador general de Provea no solo alerta en su columna de las reiteradas denuncias de grupos paramilitares y de guerrilla explotando recursos naturales en territorio nacional, sino que pone en el tapete el futuro de algunas de estas agrupaciones, reacias a la desmovilización, luego del proceso de paz en Colombia.

Las cifras de medios oficialistas (AVN y Correo del Orinoco) contrastan con los datos que proporciona el Ministerio de Vivienda sobre la construcción de soluciones habitacionales en 2015.

El estado de excepción está anunciando que se realizarán contratos de explotación similares de manera expedita, sin que sea necesaria su consulta o aprobación de ningún otro ente estatal, salvo el del primer mandatario.



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