Opinión
Rafael Uzcátegui

Rafael Uzcátegui

Si le preguntan cómo se define, responde, sin miramientos, que como un empecinado anarquista. La denuncia, desde tal perspectiva y con el aliciente de su trabajo en Provea, es el eje de su columna.

El proceso de inconsulta, y por ende, de derecho a la protesta sobre la construcción de un oleoducto que vulnera los espacios de los indígenas sioux de Estados Unidos, se hermana con el de sus pares venezolanos, quienes protestan por la concesión de sus espacios para la explotación minera, sin previa consulta con los pueblos originarios.

Más allá de resultados, el plebiscito en Colombia sobre el acuerdo de paz con las FARC es un ejemplo de democracia, pues se legitiman los mecanismos de participación política de la ciudadanía, tan importantes para resolver los problemas de una sociedad. Caso contrario al venezolano, en el que el Gobierno insiste en restringir, por ejemplo, el derecho a evaluar la gestión del presidente.

Rafael Uzcátegui cede el espacio de su columna a una entrevista que tuvo con Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena, sobre el derecho de los pueblos originarios en la Venezuela actual.

Aunque camuflados, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) confirma con números lo ya visto por todos: el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una verdadera máquina de hacer pobres, gracias a su pésima administración de unos recursos que, aunque menores a los de la era Chávez, siguen siendo cuantiosos.

La encuesta realizada por el grupo More Consulting no solo reconfirma la alarmante situación de crisis humanitaria que atraviesa el país por escasez de alimentos y medicinas, sino el desoído del Gobierno frente a una realidad que puede traer consecuencias irreversibles sobre la población.

El caso Jatar y Villa Rosa forma parte de una ofensiva represiva del gobierno de Nicolás Maduro ante el aumento del descontento en su contra. 

La discriminación en el trabajo genera desigualdades en los resultados del mercado de trabajo y coloca en una situación de desventaja a los miembros de determinados sectores de la sociedad.

El Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff solicita a la CIDH medidas para favorecerla ahora que está en el ojo del huracán. Sin embargo, ella misma una vez debilitó y apocó la instancia a la que ahora apela.

El derecho a la consulta previa es la obligación que tiene el Estado de preguntar primero la opinión de los pueblos originarios antes de realizar proyectos económicos o actividades militares en territorios indígenas.

El abogado, politólogo y especialista en temas indígenas Vladimir Aguilar critica la “política entreguista” de territorios y recursos al capital extranjero.



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