Opinión
Rafael Uzcátegui

Rafael Uzcátegui

Si le preguntan cómo se define, responde, sin miramientos, que como un empecinado anarquista. La denuncia, desde tal perspectiva y con el aliciente de su trabajo en Provea, es el eje de su columna.

El caso Petruzzi es importante para América Latina y ahora especialmente para Venezuela, porque generó la jurisprudencia sobre el uso de los tribunales militares para enjuiciar a los civiles.

Rafael Uzcátegui explica pormenorizadamente las diferencias entre colectivos, grupos parapoliciales y paramilitares y su aplicación al contexto político venezolano. Luego de una sólida argumentación, el coordinador general de Provea concluye que las bandas armadas que, aún fuera de la ley son amparados por el Estado, no son más que paramilitares.

El coordinador general de Provea responde si realmente el organismo multilateral, para decirlo en criollo, la “tiene agarrada” con Venezuela.

El respeto a la soberanía popular de otros países tiene un límite: el respeto a los derechos humanos. Ninguna persona debería ser indiferente frente a las violaciones que ocurran tanto en su país como en otras naciones.

Tras el retiro del país de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH es el único mecanismo regional mediante el cual las víctimas y los defensores pueden tener interlocución con el gobierno.

Rafael Uzcátegui rescata una iniciativa del gobierno de hace 11 años “tanto eficiente como democrática y respetuosa de los derechos humanos” sobre seguridad ciudadana. La describe, analiza y… pregunta por qué está en el olvido.

Según un estudio, la desnutrición aguda en niños preescolares, proyectada para 2017, aumentará 3% con respecto a 2016, y afectará a 12% de los aproximadamente 3.200.000 niños que hay en Venezuela.

Rafael Uzcátegui desglosa el discurso del secretario general de la OEA que presentó en un nuevo informe sobre la crisis política venezolana.

El instrumento jurídico de la Organización de Estados Americanos surge de la preocupación consensuada de sus estados miembros de evitar que un gobierno elegido por la soberanía popular torciese las instituciones de la democracia para finalmente acabar con ella.

La hondureña mantenía una lucha de resistencia a los proyectos inconsultos que afectan a las comunidades indígenas de su país, por lo cual fue asesinada por personas no identificadas hasta la fecha del 3 de marzo de 2016.



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