Opinión

Primero fue la delación para confirmar la masacre. Luego, la de las autopsias. Y, ahora, una vez que todo el país confirmó, mediante las actas de defunción, que a Oscar Pérez y a su grupo aliado los ejecutaron con tiros de gracia, las familias permanecen a la expectativa por un temor: que los cuerpos sean incinerados para desaparecer evidencias. Cierra así una semana marcada por los atropellos de un régimen que afinca su saña contra todo vestigio de derechos humanos.

Viernes, 19 Enero 2018 00:00

Los impenitentes anclados en sus dogmas y sobre todo en la obsesión de continuar destrozando cual bárbaros todo aquello que huela a algo positivo les queda claro que el fin justifica los medios, y que los medios son todos aquello que logre el fin de arrasar con esta tierra y su gente para convertirla en un zoológico lleno de orangutanes a imagen y semejanza. 

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se unió al repudio nacional por la masacre de El Junquito, a la que no solo tilda sin empachos de ‘horrible masacre’, sino que desnuda, aún más, a una dictadura que degrada e irrespeta la dignidad del ser humano. A ese al que pisotean sus garantías fundamentales por atreverse a disentir. 

¿Hasta qué punto le sirve al régimen de Nicolás Maduro callar sobre la ola de saqueos con la que arrancó el año? La verdad, no conduce a ninguna parte, según sostiene el director de Espacio Público, Carlos Correa. La masificación de las protestas de 2017 y, ahora, este fenómeno lo corroboran.

El documento, firmado por organizaciones no gubernamentales como Cepaz Pana Vota, Dale Letra, Stop VIH y Acceso a la Justicia, recuerda que la decisión es ilegal por provenir de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y por contrariar lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

Durante la sesión de este martes, los diputados llamaron la atención de ONU; OMS y OPS sobre la necesidad de atención de comida y de medicinas que afecta a miles de venezolanos.

 Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana acusa a Maduro de tergiversar las homilías de obispos de Lara al denunciar la corrupción.

El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y las turbiedades del caso no solo desnudan la flagrante violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, sino que ratifica su desprecio por la disidencia e implementa de facto la pena de muerte. Por ello la ONG Cofavic exige una investigación independiente del caso mientras la Asamblea Nacional se compromete a descubrir la verdad.

Martes, 16 Enero 2018 00:00

Inicio el año con mucha fe y optimismo racional. Estoy claro en cuanto a las dificultades y entiendo los temores de mucha gente. Pero siento que llegó la hora para el cambio radical que se necesita. Hay que ponerle coraje y decisión para que el trabajo no quede en manos exclusivas del Espíritu Santo.

Irregularidades rodearon el operativo de captura contra el ex inspector del Cicpc Oscar Pérez y sus compañeros, el cual terminó con su ejecución extrajudicial, la muerte de dos funcionarios de las FAES y otros siete resultaron heridos. El ministro de Interior, Néstor Reverol, confirmó este martes, 24 horas después del hecho, el asesinato del piloto omitiendo los nexos del régimen con grupos paramilitares para realizar operativos especiales.



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