Opinión

Ni 10 días transcurrieron desde que los habitantes del muncipio Roscio, estado Bolívar, denunciaran el ingreso del Ejército de Liberación Nacional a las minas Cicapra, El Caolín, Campanero y El Cuadro, cuando sale a relucir información sobre otra supuesta matanza en Guasipati. En ninguno de los dos hechos ha habido pronunciamiento oficial. Nicolás Maduro, que estuvo en San Félix el miércoles 16 de mayo, ni admitió ni desmintió que esas zonas estuviesen tomadas por el grupo guerrillero. Son, en cambio, familiares y testigos de este nuevo hecho quienes alzan su voz por encima de las pretensiones oficiales de acallarlos, tal y como sucedió con la Masacre de Tumeremo.

El caso Petruzzi es importante para América Latina y ahora especialmente para Venezuela, porque generó la jurisprudencia sobre el uso de los tribunales militares para enjuiciar a los civiles.

En La Habana, el secuestro del general colombiano -según los cabecillas guerrilleros- llegó con sorpresa. No por ello dejaron pasar por alto la oportunidad para ajustar su nivel de petición en las negociaciones. El militar secuestrado “es un enemigo”, justificó un bloque de las FARC en Colombia, el porqué de la retención. 

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