Opinión

Hacía tiempo que en la oposición no se alcanzaba tal acuerdo como el que hubo este lunes para rechazar que los gobernadores recién electos de Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta, embalados con el sello blanco de Acción Democrática, prestaran juramento ante la ilegitimidad de la Asamblea Constituyente, con Delcy Rodríguez al frente. Resaltó entre el tejemaneje la postura de Juan Pablo Guanipa (Zulia), quien por ‘coherencia y dignidad’ no sucumbió ante la carnada.

Los trabajadores reclaman que la póliza de salud no cubre ni un día de hospitalización. Señalan que mientras no se revise la cobertura y se brinden las condiciones de seguridad laboral no realizarán trabajos de mantenimiento.

El documento precisa que el candidato unitario a la presidencia será escogido por primarias, añadiendo que el nuevo Presidente renunciará a la reelección inmediata.

Ese contrato colectivo es un nuevo asalto y una frustración, al igual que en 2014”, dijo el sidorista José Luis Alcocer

Los demócratas solo proponen salidas democráticas. En esa línea, la oposición puso una nueva jugada sobre el tablero del convulso juego político venezolano: un plebiscito para que el pueblo decida si quiere transitar la vía de la Constituyente. El camino se desarrolla sobre varias trochas, incluyendo la conformación de un gobierno de unidad nacional. “Que sea el pueblo quien decida”, reza el comunicado: si poner fin a un conflicto no debió volver jamás o regresar a los viejos esquemas de autoritarismo.

Los diputados de la oposición aprobaron por unanimidad, sin presencia de la fracción oficialista, el acuerdo. El documento, presentado por el diputado Henry Ramos Allup, considera en nueve puntos por qué los cambios anunciados a las sentencias 155 y 156 del TSJ “dejan intacto e, incluso, robustecen el golpe de Estado contra la Asamblea Nacional”. Reiteraron el llamado a una movilización nacional este jueves.

“Los países de la región reiteramos el urgente llamado a que el Gobierno de Venezuela avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición”, se lee en el documento.

El instrumento jurídico de la Organización de Estados Americanos surge de la preocupación consensuada de sus estados miembros de evitar que un gobierno elegido por la soberanía popular torciese las instituciones de la democracia para finalmente acabar con ella.

Este miércoles, el Parlamento comenzó el debate sobre el Proyecto de Ley Especial de Indemnización a las víctimas mortales del hampa y de la delincuencia, que llevará a varias instancias internacionales.

“No se han evidenciado respuestas o avances favorables que concreten los puntos del pliego o petitorio demandados”, señala la organización.



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