Opinión

Durante una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, Maduro reconoció que varios miles de venezolanos decidieron emigrar de su país, pero rechazó tajantemente que la cifra se acerque a los dos millones que denuncia la oposición y algunos países del continente.

En virtud del Día de la Juventud, el Observatorio Venezolano de Violencia publicó cifras que demuestran que la criminalidad en el país tiene como origen y blanco principal a los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 29 años de edad.

La CPI inició una serie de exámenes preliminares para determinar las responsabilidades del régimen y de sus funcionarios en los saldos rojos que dejaron las protestas de 2017, reprimidas con bestialidad durante un lapso de cuatro meses. La comunidad internacional y las voces democráticas venezolanas aplaudieron la medida que supone un primer paso para la eventual consecución de justicia y a partir de responsabilidades individuales, algo que difícilmente se logre con la justicia secuestrada por el chavismo.

Aristeguieta Gramcko, abogado y político de 85 años, quien formó parte de la Junta Patriótica de Gobierno de 1958 (movimiento contra el dictador Marcos Pérez Jiménez) fue detenido arbitrariamente por el SEBIB, en la madrugada de este viernes. "Aquí no hay ética, ni un gesto de respeto hacia el adversario, al que asumen como enemigo", nos dijo Aristeguieta en una entrevista en 2016, cuando estuvo de visita en Ciudad Guayana.

“Votar no es sinónimo de elegir”, señala el Centro de DD HH de la UCAB al fijar posición sobre la convocatoria de elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año por parte de la asamblea nacional constituyente.

Así como en otras oportunidades, el régimen afirma que ‘falta poco’, pero la verdad es que los términos de los comicios presidenciales no están definidos. Y la comunidad internacional ha sido clara: condiciones mínimas, si no, no avalarán las elecciones.

El partido Podemos justifica que sea la ANC la que imponga cuándo serán las presidenciales en Venezuela, luego que siete funcionarios del Gobierno hayan sido sancionados por la Unión Europea por estar involucrados en represiones y violaciones de derechos humanos.

Miembros de la sociedad civil realizaron una concentración simbólica con motivo del 23 de enero y en honor a los caídos en la Masacre de El Junquito. Aprovecharon para manifestar contra el régimen y exigir respeto a sus derechos humanos y constitucionales.

Primero fue la delación para confirmar la masacre. Luego, la de las autopsias. Y, ahora, una vez que todo el país confirmó, mediante las actas de defunción, que a Oscar Pérez y a su grupo aliado los ejecutaron con tiros de gracia, las familias permanecen a la expectativa por un temor: que los cuerpos sean incinerados para desaparecer evidencias. Cierra así una semana marcada por los atropellos de un régimen que afinca su saña contra todo vestigio de derechos humanos.

El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y las turbiedades del caso no solo desnudan la flagrante violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, sino que ratifica su desprecio por la disidencia e implementa de facto la pena de muerte. Por ello la ONG Cofavic exige una investigación independiente del caso mientras la Asamblea Nacional se compromete a descubrir la verdad.



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