Opinión
Lunes, 11 Septiembre 2017 00:00

El autor repasa los profusos casos de manejo irregular de los fondos públicos y la idea vaga de un castigo por parte de un régimen que hizo de la corrupción su praxis política.

La Fiscalía General de la República no solo sigue dando muestras de institucionalidad, sino de su entereza ante las amenazas de linchamiento de la dictadura de Maduro. Por ello, además de imputar al ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Benavides Torres, por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2017, solicitó a la Asamblea Nacional la ratificación del vicefiscal, Rafael González Arias.

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